Bolsonaro, los militares y los rumores de autogolpe

El pasado miércoles, el New York Times publicó un artículo firmado por  Simón Romero, Letícia Casado y Manuela Andreoni titulado "La amenaza militar surge en Brasil al tiempo que las muertes por el coronavirus" en el que sostiene que "Bolsonaro y sus aliados manejan la posibilidad  de una intervención militar para proteger su control sobre el poder".

Una de las bases en la que el prestigioso medio estadounidense sustenta esta teoría es la declaración del diputado federal e hijo del presidente, Eduardo Bolsonaro, en una entrevista con un bloguero oficialista en la que no descarta una interrupción institucional. "La opinión no gira en torno a si ocurrirá sino a cuando sucederá", respondió el hijo mayor del jefe de estado. 

No es la primera vez que Eduardo Bolsonaro emite ese tipo de declaraciones, ya que, durante la campaña electoral manifestó que "basta un cabo y un soldado para cerrar el Supremo Tribunal Federal" y no descartó restaurar el Acta Institucional 5 de la dictadura  que suspende derechos individuales y habilita la represión y tortura si "la izquierda se radicaliza". 

Los bolsonaro, como los militares que componen su gobierno, reivindican la dictadura de 1964, y no ocultan sus postulados conservadores y autoritarios. Sin embargo, hay varios motivos para pensar que un autogolpe no está en la agenda. 

El primero es que Bolsonaro constituyó un régimen legal y constitucional con los militares dentro del sistema político y aceptando sus reglas. El objetivo principal de los uniformados que ocupan cargos en el ejecutivo es consolidar la alianza del oficialismo con el grupo de partidos de centroderecha en el Parlamento denominado "Centrao" para garantizarse la aprobación de leyes importantes y evitar un eventual juicio político. 

El segundo punto es que, más allá de las declaraciones, quien tendría que comandar esa supuesta intervención sería el General Edson Leal Pujol quien se ha manifestado en contra de cualquier acción que perjudique la institucionalidad del país y se desmarcó de los actos de Bolsonaro en el que sus seguidores pedían el cierre del Congreso.

El diario Folha de Sao Paulo conversó el fin de semana con representantes de las tres ramas del Ejército y, si bien consideran que las decisiones del STF son exageradas, rechazan de plano el comunicado firmado por Jair Bolsonaro, su vice Hamilton Mourao y el ministro de Defensa, Fernando Azevedo. También, el mismo articulo plantea la disconformidad de los militares activos con las declaraciones de Luiz Eduardo Ramos en Revista Veja en donde habla como representantes de los  hombres de armas. Nuevamente, las diferencias entre activos y retirados. 

En contrapartida, por iniciativa de dos corónales de la Fuerza Aérea, 78 miitares de reserva firmaron un comunicado en contra del Celso de Mello en un pronunciamiento que también incluye policía civiles que apoyan a Bolsonaro.

De todas formas, el oficialismo coquetea con la posibilidad de un giro más autoritario como parte de la narrativa para la disputa con el Supremo Tribunal Federal que maneja diversas denuncias que podrían complicar a Bolsonaro con sanciones que van desde la suspensión del cargo por 180 días por el delito de obstrucción a la justicia hasta la anulación de la formula ganadora de la elección de 2018 por la reproducción masiva de noticias falsas. 

Para eso, invocan el articulo 142 de la Constitucion Federal que fija la jerarquía del Presidente de la República en las Fuerzas Armadas en el caso de que un poder del estado actúe de forma inadecuada o por encima de otro poder.

Claudio Ladeira es profesor de Derecho Constitucional, Doctor en Derecho y coordinador del Grupo de Investigación y Constitucionalismo Político de la Universidad de Santa Catarina, fue consultado para este Enfoque Global y explicó que el citado artículo "actúa en una situación de defensa típica  o, excepcionalmente, en los casos de garantía de la ley y el orden (GLO), definidos en la Ley 97 de 1999, y el Decreto 3897 de 2001".  "Las operaciones de GLO otorgaron provisionalmente a los militares el poder de actuar con el poder de la policía o restaurar la normalidad.  Desde 1988, se ha usado aproximadamente 30 veces", agregó. 

En ese sentido, entre 2013 y 2018, las Fuerzas Armadas gastaron 2,6 billones de reales en 40 acciones de tipo GLO, especialmente en operaciones en calle vinculadas a la seguridad o para sofocar protestas sociales organizadas por movimientos sociales y centrales sindicales.  

Ladeira también escribió una ilustrativa nota en el portal Jota en el que plantea: "El artículo 142 pone a las Fuerzas Armadas a disposición de los Poderes constitucionales, y no al revés.  No es posible imaginar que este dispositivo pueda extraer una interpretación que autorice la intervención militar contra los Poderes que él no solo promete proteger, sino que también presenta la autorización para usar las Fuerzas Armadas".

En este sentido, una fuente calificada que se desempeña como instructor dentro de las Fuerzas Armadas en Río de Janeiro dijo para esta columna que "hoy hay un debate sobre la interpretación del artículo 142 de la Constitución y sobre el papel de las Fuerzas Armadas en tiempos de crisis institucional.  El juez del Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux  publicó un documento que dice que el argumento del presidente, de que puede usar el ejército, para resolver disputas entre el ejecutivo y el poder judicial es otro paso en esa disputa". "La pregunta es: ¿Qué sucede si el presidente toma una decisión contra el STF?  ¿Quién tiene la aplicación para hacer cumplir la decisión del poder judicial contra el gobierno? Bolsonaro apuesta a rodearse de los militares para asustar a las otras instituciones.  Pero los militares activos (los comandantes) no están vocalmente con el gobierno", añadió. 

Entonces, el gobierno utiliza este asunto para alimentar la narrativa de confrontación con el STF, mostrar su poder de fuego, alinear a toda la coalición y solidificar el núcleo duro que lo apoya detrás de esa pelea a punto tal que la cuenta de Twitter de la Secretaría de Especial de Comunicación Social de la presidencia publicó un hilo en el que amenaza abiertamente con la aplicación del artículo 142. 

A su vez, como mencionábamos anteriormente, el influyente Secretario de Gobierno, Luiz Eduardo Ramos, planteó en una entrevista con la revista Veja que descarta una intervención militar, ubica a los militares dentro de la Constitucion pero lanza una advertencia: "no tiren de la cuerda".

El vicepresidente, Hamilton Mourao, también se ocupó de despejar rumores y aseguró en un reportaje al diario El País que pese a las advertencia "no hay nada que amenace a la democracia".

Como vemos, el gobierno tiene dos frentes abiertos: uno de negociación con el Congreso y otro de confrontación con el STF. Del primero depende su supervivencia política y la culminación de su mandato, en el segundo alimenta a su base electoral e imprime una épica conservadora de confrontación. En este último ítem se inscriben las movilizaciones en apoyo al presidente en donde se levantan consignas antidemocráticas o agrupaciones como los denominados "Brasil 300" liderado por la recientemente detenida Sara Winter, de claro corte fascista. 

Bolsonaro construyó un gobierno pretoriano que logró reubicar a los militares en el seno de la discusión pública y en el control de los resortes del Estado. ¿Qué sentido tiene forzar una ruptura institucional en un contexto en el que los acuerdos de gobernabilidad que necesitan para terminar su mandato están avanzando? 

Es claro que estamos frente a una escalada importante que forma parte de una coyuntura en la que no hay que descartar ningún escenario, pero de la retórica a la materialización hay una delgada linea que aún nadie decidió cruzar.