Aborto legal: el amparista desistió y la ley quedó firme

Finalmente no prosperó en la Justicia Federal el recurso de amparo que había pedido en mayo desde Mar del Plata Héctor Sari y que a mediados de este año supo desatar una fuerte polémica en todo el país por la cautelar que concedió el juez "provida" Alfredo López, a cargo del Juzgado Federal Nº4 de la ciudad.

Ante la consulta que le hizo 0223, el propio Seri confirmó que la acción quedó "desierta", por lo que así se ratificó la postura expuesta en el fallo que dio a conocer en julio por la Cámara Federal de Apelaciones, donde se revocó la cautelar de López.

El recurso, según explicó el abogado denunciante, fue rechazado en segunda instancia: no se accedió a la posibilidad de que se tratase el recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque Seri no abonó el depósito de 150 mil pesos que se exigía para el trámite.

"Yo estoy convencido de lo que hice pero la Justicia Federal de Mar del Plata está muy politizada y funciona en base a los aires de la política", lamentó el excandidato a diputado provincial por el partido Movimiento por la Dignidad y la Independencia liderado por Aldo Rico.

En su dictamen, los jueces Eduardo Jiménez y Alejandro Tazza de la Cámara de Apelaciones habían asegurado que López incurrió en un "grueso error judicial" al haber concedido la cautelar con "efecto devolutivo" para la legislación permanezca inaplicable en todo el territorio nacional hasta tanto haya un dictamen que se expida sobre la situación de fondo en torno a la inconstitucionalidad de la Ley 27.610.

En un comentario poco habitual, los magistrados federales le llegaron a sugerir al responsable de Juzgado Federal Nº4 que "guarde la mesura y adecuado criterio interpretativo al resolver causas judiciales con repercusión social, evitando incurrir en yerros groseros como el advertido en la resolución que hoy se revoca, evitando así la generación de innecesarios dispendios jurisdiccionales".

En el recurso presentado el 11 de mayo, Seri solicitaba la intervención del magistrado “a fin de que se declare la inconstitucionalidad de la ley 27.610 denominada ‘Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo’, toda vez que -según considera- el mencionado plexo normativo iría en sentido contrario a las obligaciones internacionales asumidas por el Estado Argentino en virtud de la protección integral del derecho a la vida desde la concepción”.

López, entonces, hizo lugar al recurso al entender que la ley “afecta y ponen en peligro la vida, dignidad y derecho del niño por nacer, como de su madre gestante” y concluyó –sin entrar en detalles- que se encuentran en riesgo el derecho a la vida reconocido en la Constitución Nacional, en la Convención Internacional de los Derechos del Niño y de la Convención Americana de Derechos Humanos.