Presentan el protocolo para garantizar el acceso a la práctica del aborto

Se trata de una guía práctica destinada a los equipos y establecimientos de salud para llevar adelante los procedimientos de la interrupción voluntaria y legal del embarazo (IVE/ILE),

Foto ilustrativa. Archivo 0223.

28 de Mayo de 2021 16:03

Por Redacción 0223

PARA 0223

El Gobierno presentó este vienes la actualización del protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción voluntaria y legal del embarazo (IVE/ILE), en el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujeres.

Se trata de una herramienta práctica destinada a los equipos y centros de salud que busca facilitar el trabajo y favorecer el acceso a la ILE, IVE y la atención posaborto, en el marco de la Ley N° 27.610 promulgada en diciembre pasado. El protocolo fue aprobado mediante la Resolución ministerial 1531/2021 que se publicó en la última edición del Boletín Oficial de la Nación.

"Es una guía para todo el sistema de salud, independientemente de la cobertura social y una herramienta de justicia social”. También destacó que “las provincias y las organizaciones sociales son protagonistas absolutos de este camino, de esta realidad y del desafío que tenemos por delante para implementar esta ley”, dijo la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, durante el anuncio.

En el mismo sentido, ratificó: “Estamos acá  para seguir ampliando derechos, para garantizarlos y para implementarlos en forma efectiva en cada rincón del país trabajando como siempre de manera conjunta la Nación, las provincias, los municipios y las organizaciones sociales para potenciarnos”.

El protocolo ofrece una guía a los equipos y establecimientos de salud para que cumplan con la Ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y atención posaborto, en el contexto del compromiso del Estado argentino con el cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos establecidos en el marco jurídico nacional, específicamente, en la Constitución nacional,  Tratados Internacionales de Derechos Humanos, el Código Penal y el Código Civil y Comercial de la Nación, así como por todas las leyes concordantes de protección de pacientes, mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad, entre otras.

La guía contiene dos partes, una dedicada al marco legal que incluye los principios rectores del derecho a interrumpir el embarazo; las condiciones para el acceso a la IVE y a la interrupción legal del embarazo (ILE); el consentimiento informado necesario en cada caso; la objeción de conciencia; y la responsabilidad profesional e institucional. Mientras que la segunda se ocupa del proceso de atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo.

Esta herramienta que lleva a la práctica médica cotidiana los lineamientos de la mencionada ley, está diseñada en base a la comprensión fundamental de que el personal de salud es responsable de asegurar y no obstruir el derecho a la IVE.

Cabe recordar que de acuerdo al artículo 4° de la Ley n° 27.610, las personas con capacidad de gestar tienen derecho a decidir y acceder a la interrupción voluntaria de su embarazo hasta la semana 14 inclusive del proceso gestacional. Además, tienen derecho a acceder a la ILE si el embarazo fuere resultado de una violación, o si estuviera en peligro la vida o la salud de la persona gestante.

La realización de una IVE o ILE debe guiarse por los principios y derechos que figuran en el artículo 5° de la Ley: trato digno, privacidad, confidencialidad, autonomía de la voluntad, acceso a la información, y calidad para garantizar el tratamiento del aborto conforme a los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y en el marco de los derechos humanos.

La Ley N°  27.610 enmarca también un espacio de consejería en derechos sexuales y reproductivos para las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar con el propósito de informar, asesorar y acompañar a las personas en la toma de decisiones autónomas y es resultado de un trabajo multisectorial y articulado que lleva más de una década desde la creación en 2007 del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable y la publicación de la “Guía Técnica para la Atención Integral de Abortos No Punibles” en sus distintas ediciones.