Juntos presentó un nuevo proyecto para regular la prostitución: insiste con multas y prisión

El interbloque de Juntos consensuó un nuevo proyecto para regular la prostitución en General Pueyrredon, realizada en base a la que semanas atrás presentó el Frente de Todos, aunque con un cambio sustancial: retoma la propuesta original del gobierno de fijar multas y penas de prisión para infractores. Tras la incorporación, el expediente seguirá siendo debatido la próxima semana.

Ante el reinicio del debate en la Comisión de Legislación, este lunes la concejal Marianela Romero dio a conocer la novedad sobre una nueva elaboración unificada entre los tres bloques oficialistas, donde “la perspectiva es razonable y engloba las particularidades de los distintos sectores que plantean distintas problemáticas necesarias de abordar y darles solución”.

Según el texto al que accedió 0223, se mantiene la propuesta original elevada por el intendente Guillermo Montenegro donde se establecen sanciones en caso de “verificarse la oferta y/o demanda de sexo en lugares y horarios no habilitados”. En dichos casos, se impondrá una multa de mil a cinco mil unidades fijas (90 pesos cada unidad) y/o arresto de cinco a treinta días. Esto quiere decir que las sanciones pueden ir desde los 90 mil hasta los 450 mil pesos.

Este punto asoma como irreconciliable con la propuesta que el 16 de mayo realizó el Frente de Todos, que elimina la posibilidad de multas y prisión para infractores. La propuesta retoma distintos elementos de los proyectos de Nicolás Lauría -el que abrió el debate a inicio de 2021-, el del intendente Guillermo Montenegro, otro de Acción Marplatense y otra dos propias del Frente de Todos. Algunas abordan cuestiones directamente vinculadas a la denominada Zona Roja, mientras que otras se enfocan en situaciones vinculadas al fenómeno de la prostitución en la vía pública.

El llamado “Programa Zonas Seguras de Protección Integral" a fin de promover medidas focalizadas para la preservación de la violencia y los delitos” elaborado por Juntos, coincide en líneas similares con varios de los aspectos propuestos por el Frente de Todos. Entre ellos se destacan que la oferta y demanda de sexo en la vía pública sólo podrá llevarse a cabo en lugares y horarios específicamente habilitados por el Ejecutivo, mientras que no se podrá realizar en las zonas donde hubiera vecinos frentistas con residencia domiciliaria.

Ninguno de los proyectos resuelve los lugares autorizados para dicha actividad, sino que se abren instancias de consultas y recepción de propuestas, con matices en los actores interpelados. En tanto, a los 45 días de promulgada la ordenanza y tras dicho proceso, el Ejecutivo será el encargado de determinar las zonas por decreto.

Asimismo, acuerdan en las medidas generales que deberán tenerse en cuenta para la implementación, como la refuncionalización y puesta en valor de los espacios públicos comprendidos y la instalación de cámaras de seguridad, principalmente. En tanto, la Secretaría de Seguridad será la autoridad de aplicación, con el auxilio de la Secretaría de Derechos Humanos.

Por otro lado, se incorporan las tres propuestas ya realizadas previamente, en cuanto a la creación del Espacio Mixto de Participación Ciudadana, con funcionarios y organizaciones; la implementación del denominado Programa Reparar, destinado a promover políticas públicas integrales y focalizadas, para garantizar el acceso a derechos humanos de personas trans, y el "Dispositivo de Nocturnidad Farola", cuyo objetivo será la atención a las personas que ejerzan la prostitución en la vía pública.

Finalmente, la Comisión de Legislación resolvió continuar la próxima semana con el debate sobre la regulación de la prostitución, tras el cruce de distintas posiciones entre los que bloques, donde también participaron miembros de la Mesa Interinstitucional Contra la Trata. 

Al respecto, Horacio Taccone (Acción Marplatense) afirmó que la propuesta de sanciones “es un proyecto demagogo y efectista, que no va a tener ningún efecto en la realidad”, refiriéndose a la dificultad que las multas sean confirmadas en sede judicial.  “El mismo gobierno que no puede controlar que quienes usan motociclistas usen el caso para que les salve vida, nos hace creer que con una multa va a poner en jaque las mafias de las drogas y de la trata de persona. Yo no lo creo”, concluyó.