La Justicia Federal volvió a ratificar la ordenanza de Zona Roja que prevé multas y penas de prisión

La Justicia Federal rechazó este viernes la apelación que habían presentado las autoridades del Comité de Lucha contra la Trata, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, para insistir con la cautelar que buscaba suspender la nueva ordenanza que regula la oferta y demanda de sexo en la vía pública de Mar del Plata, donde se contemplan multas y hasta penas de prisión.

En un dictamen que se conoció en las últimas horas, el juez Alfredo López negó la admisión del recurso que presentó el organismo conducido por Gustavo Vera. El rechazo se funda en las mismas “irregularidades” administrativas que llegaron a dilatar el tratamiento de la primera presentación que hizo el referente de la fundación Alameda el 11 de julio.

En aquel entonces, el magistrado advirtió que Vera fue originalmente designado en el cargo a través de la Decisión Administrativa 989/2020, que regía por 180 días contados a partir del 17 de marzo de 2020, por lo que Vera - en los papeles - no estaba formalmente habilitado para actuar en nombre del Comité. El funcionario, entonces, presentó la Decisión Administrativa 435/2022 donde se prorrogaba su función por 180 días a partir del 27 noviembre de 2021.

Sin embargo, López nuevamente advirtió que los plazos para que Vera pueda ejercer el cargo están vencidos, ya que, según esa última resolución de Gobierno, no tiene ninguna relación formal con el cargo desde mayo del 2022.

“Al día de la interposición del recurso de apelación en proveimiento, la representación invocada nuevamente se encuentra vencida en virtud del plazo allí establecido, por lo que corresponde rechazar sin más trámite el recurso de apelación deducido”, sentenció el juez, según consta en la resolución a la cual pudo acceder 0223.

Así, la Justicia Federal brinda un nuevo respaldo para que se pueda implementar la ordenanza municipal que impulsó la gestión de Guillermo Montenegro y que obtuvo sanción en el Concejo Deliberante a fines de junio. La novedad se conoce a pocos días de que el Ejecutivo tenga que anunciar los lugares donde podrían ubicarse las trabajadoras sexuales para ejercer su actividad bajo la ley.

Por esta fecha, el Ejecutivo se inclinca por autorizar el trabajo sexual sobre la Avenida 10 de Febrero, desde la calle Cacique Chuyanyuta y por una extensión de 200 metros en dirección a Avenida Mario Bravo, en un punto donde confluyen los barrios Lomas del Golf, Las Canteras y Santa Celina. Esto, sin embargo, ya fue mereció un enérgico rechazo por parte de los distintos representantes de los colectivos que involucra la Zona Roja.

La autodenominada "Zona Roja" hoy está delimitada por las avenidas Jara, Champagnat, Luro y la calle Belgrano. Se trata de un sector que históricamente convivió con reclamos y quejas de vecinos por la exposición que implica el trabajo sexual, y a ello se sumó, con el correr de los años y en forma cada vez más constante, las denuncias por narcomenudeo y venta de cocaína.

El Programa Zonas Seguras fue aprobado por el Concejo Deliberante el pasado 24 de junio con el voto del interbloque de Juntos y Nicolás Lauría, y a, través de él, se autoriza la determinación de uno o más lugares para el ejercicio de la prostitución en la vía pública. Hasta el 8 de septiembre, el Ejecutivo podrá recibir propuestas, tras lo cual determinará por decreto la o las nuevas ubicaciones, que no podrán coincidir con lugares donde haya vecinos frentistas con residencia domiciliaria. Quienes no respeten las zonas podrán percibir multas económicas e incluso penas de hasta 40 días de prisión.