Playas públicas equipadas: pedirán mayores precisiones al gobierno por el canon establecido

La Comisión de Turismo pedirá al gobierno municipal un informe para que detalle cómo realizó el cálculo por el cual estableció un canon de 1,5 millones de pesos anuales, que cada concesionario deberá pagar por la explotación de las playas públicas equipadas.

El monto establecido en los Pliegos de Bases y Condiciones ya había generado observaciones en los concejales de la oposición, quienes habían trasmitido esa postura al presidente del Emtur, Bernardo Martín, cuando visitó la comisión para presentar la propuesta. Además de pedir una actualización por inflación, dado que los pliegos se confeccionaron en mayo, también se busca conocer precisiones sobre el cálculo efectuado que derivó en esa suma.

“No estoy de acuerdo con la forma en que han hecho el estudio de costos”, aseguró el presidente de la comisión, Horacio Taccone (Acción Marplatense), anticipando un debate que se vendrá y que retomará cuando se conozca la respuesta del Emtur y la Secretaría de Hacienda. Previamente, Mariana Cuesta (Frente de Todos) había propuesto elevar un pedido de informes al Ejecutivo por dicho tema, que fue avalado por todos los concejales.

Asimismo, tampoco termina de conformar que el mismo canon sea el mismo para todas las playas, pese a que la extensión y la ubicación de las playas no es la misma. Por ello, se presume que no todas tendrían el mismo margen de rentabilidad, considerando que la más cercana al centro será la de Museo MAR y las más lejana, la de Las Delicias, unos 5 km más al norte. Para el Emtur, en cambio, se justifica dado que todas tendrán la posibilidad de ofrecer en alquiler la misma cantidad de sombrillas, de hasta 50 por playa.

Ampliar la competencia

Además de realizar propuestas sobre cómo deberían ser las playas públicas equipadas, el Frente de Todos también se detuvo en algunos aspectos referidos al procesos licitatorio. Una propuesta central es permitir la participación en la licitación de las asociaciones civiles sin fines de lucro, las cuales en la redacción original se encuentran comprendidas entre los oferentes que no se pueden presentar, junto a las Uniones Transitoria de Empresas y Fideicomisos.

A su vez, amplían las inhabilitaciones para ser oferente, determinando que no podrán presentarse funcionarios y/o agentes que hayan participado en los últimos seis años en la sociedad o entidad oferente. Además, también se incluyen entre los inhabilitados a las personas humanas que se encuentren incluidas dentro del Registro de Deudores Alimentarios o que atraviesen instancia judicial por demanda de alimentos.

Finalmente, respecto a la evaluación de las ofertas, proponen que se evalúe negativamente los apercibimientos y sanciones que posea el oferente de parte de la Municipalidad o entes descentralizados, como así también dependencias provinciales, incluyendo también aquellos que hayan recibido multas por la realización de construcciones ilegales en explotaciones de similares características.