Abren una investigación penal en Mar del Plata por el cobro irregular de multas de tránsito

En septiembre de 2022, un vecino de Mar del Plata fue notificado por correo electrónico de una multa por "Estacionar en centro de avenidas". La infracción de tránsito, supuestamente, la había cometido dos años y medio antes, en el barrio La Perla. Al hombre le pareció extraña la larga demora en los tiempos de la notificación y, sobre todo, la zona señalada en la sanción. En los últimos meses, buscó respuestas y explicaciones que nunca obtuvo de las autoridades hasta que la Justicia recientemente decidió escucharlo e iniciar una investigación.

Esa es la historia que funda la causa penal por “abuso de autoridad” que tramita desde abril la Unidad Funcional Nº10 de Delitos Económicos, contra la Administración Pública y la Fe Pública N°10, en la que también interviene el Juzgado de Garantías N°3. La presentación la hizo Juan Alberto Garrido para que la fiscalía determine el alcance de una supuesta “estafa recaudatoria en contra de la ciudadanía” por parte del municipio.

La multa que abrió las sospechas de Garrido data, exactamente, del 27 de febrero de 2020, cuando al automovilista se le adjudicó un accionar indebido al estacionar en inmediaciones de la Plazoleta Capitolina, popularmente conocida por su estatua de Rómulo y Remo, que se ubica en la triangulación de Boulevard Patricio Peralta Ramos, San Luis y la calle 11 de Septiembre.

El vecino recibió la primera notificación de la irregularidad en septiembre de 2022, a través de un mail de la empresa donde trabaja y decidió acercarse al Juzgado municipal de Faltas N°5 en busca de la documentación correspondiente pero no pudo acceder al “acta ni a ninguna prueba fehaciente de la infracción como tampoco la fecha de notificación”, según consta en el expediente judicial al cual tuvo acceso 0223.

Poco después, el denunciante dijo que el Juzgado le hizo llegar una nota a su domicilio donde se confirmaba que la infracción era por estacionar en un lugar prohibido aunque con “argumentos legales poco claros y con falacias tales como que admitía la infracción y que me presentaba voluntariamente”.

“Esto termina en el despropósito de que anulen la infracción pero con una amonestación, de modo que terminé abonando una tasa de actuación contravencional”, cuestionó Garrido, quien insistió: “Más allá de la pérdida de tiempo y de dinero, yo fui amonestado sin saber los motivos y hasta dudo si no me debe haber quedado el antecedente”.

El hombre siempre puso en duda la legitimidad de la infracción al tener en cuenta que en la plazoleta no hay ninguna señalización donde se prohíba el estacionamiento y se remontó a la ordenanza municipal N°4049, vigente desde los tiempos de la dictadura, donde se aclara que las sanciones previstas en el reglamento de tránsito “que impliquen señalización y demarcación, comenzarán a regir después de realizadas las obras e instalaciones correspondientes”.

En la misma sintonía se pronuncia la ley Nacional N°24449, en el anexo L de su artículo 22: “No constituye infracción el incumplimiento de una disposición que, debiendo enunciarse de acuerdo al Sistema de Señalización y Demarcación Uniforme, no lo esté”.

Durante la última temporada estival, el bloque del Frente de Todos también elevó un pedido de informes al gobierno de Guillermo Montenegro al advertir multas similares en el barrio Constitución. A 100 metros de la costa, entre las calles Julián Aguirre y Fray Mamerto Esquiú, la Patrulla Municipal realizaba sanciones por estacionamiento indebido, pese a que los vecinos estacionaban en ese sector desde hace años, sin ningún tipo de problemas.

Luego, el secretario de Seguridad, Martín Ferlauto, reconoció que habían sido un “error” las infracciones labradas por mal estacionamiento en zonas no señalizadas y se comprometió a gestionar la anulación de cada caso. “Peor que equivocarse es insistir en el error y eso no es propio de un funcionario público”, había dicho, durante una entrevista radial.

Y Garrido, al tomar conocimiento de estas declaraciones públicas, decidió insistir con los trámites judiciales para radicar la denuncia penal, que admitió la fiscalía de Delitos Económicos el 12 de abril. “Aunque parezca una situación mínima, hago la denuncia porque me avergüenza como marplatense y porque esto podría ser una acción recaudatoria del municipio contra los turistas por la zona de los hechos, sostuvo el denunciante, e insistió: "Y hasta podría ser una estafa considerable si se pudiera estimar el número total de ‘errores’ que vienen cometiendo en todos estos años".

En su presentación, el vecino, quien en los últimos días también llegó a exponer la situación en la banca 25 del Concejo Deliberante, también insistió en que el sistema “no da el derecho a defenderse a los ciudadanos”. “Actúan como una organización con el solo fin recaudatorio sin importarles actuar fuera de la ley y las consecuencias económicas y personales que les generan a los que sancionan de forma ilegal”, aseveró, y agregó:  “Me niego a pensar que los ciudadanos podamos ser maltratados de esta manera por el municipio sin que los funcionarios públicos responsables tengan sanciones”.

Garrido pretende que, a través de esta denuncia, la Justicia determine el alcance del accionar delictivo en el que supuestamente habrían incurrido distintos funcionarios y apuntó sus sospechas contra el secretario Ferlauto, Héctor Ragnoli (director coordinador de Tránsito de la municipalidad), Julian Mascitti (subsecretario de Gobierno) y Maria Marcela Gonzalez y Pedro López Martucci, del Juzgado de Faltas Nº5.