Bomba en el Don Bosco: acordaron juicio abreviado con una pena de un año y seis meses

A casi un año de la explosión de una bomba casera en el colegio Don Bosco que casi deja sorda a Azul Zabaleta, se realizó una audiencia multipropósito en la que se acordó un juicio abreviado con una pena de un año y seis meses de ejecución condicional. Tras la coincidencia entre la fiscalía, la defensa y el particular damnificado, la Jueza Mariana Irianni del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil solicitó escuchar a la víctima y posteriormente rubricar el acuerdo.

El encuentro tuvo lugar este martes en la sede del Fuero y estuvieron presentes el fiscal Walter Martínez Soto, el imputado junto a la abogada Fabiana Valledor, miembros de la Asesoría de Menores y los padres de la víctima junto a la abogada Adelina Martorella.

Si bien en un primer momento el Ministerio Público Fiscal había planteado la alternativa de una suspensión de juicio a prueba, ésta fue rechazada por la representante del particular damnificado al sostener que un hecho de esa gravedad “no podía terminar en la nada”.

La profesional le detalló a 0223 que habían presentado prueba para un futuro debate oral ya que la condición de Azul no mejoró y ellos querían lograr que el hecho fuera calificado como lesiones gravísimas. “Quedó como lesiones graves por el informe del médico de policía que a nuestro entender no tiene la misma experiencia que los profesionales que la atendieron”, señaló.

“Nos conformamos con esa calificación para no someterla a una nueva revictimización ya que la fiscalía había pedido que volvieran a verla peritos oficiales del área otorrinolaringología y neurología y en un debate deberían haber pasado no menos de cincuenta testigos”, agregó.

Martorella dijo que las partes pactaron una pena de un año y seis meses de ejecución condicional con una serie de reglas de conducta. A la espera de la firma de la magistrada, algunas de ellas serían fijar domicilio, someterse al control del Centro de Contención de Menores, la prohibición para salir del país, la continuidad de la restricción de acercamiento y que brinde charlas en instituciones educativas para alertar por los riesgos de llevar adelante algunas prácticas que se viralizan en redes sociales.

Con relación a los tiempos para rubricar el acuerdo y notificar al joven, la abogada sostuvo que Irianni escuchará a Azul y luego tendría un plazo de cinco días aunque dada la complejidad del caso, podría extenderse. Por último indicó que hay un pedido del fiscal Martínez Soto para investigar la manera en que intervino la DIEGEP al entender que las autoridades del colegio actuaron según las directivas de ese organismo.