Fernández pidió declarar inconstitucional la reforma de Morales y terminar con la violencia en Jujuy

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, expresó su enérgico repudio a los hechos de violencia que acontecieron en los últimos días en la provincia de Jujuy e instruyó al Ministerio de Justicia a cargo de Martín Soria a instrumentar los medios necesarios para conocer si son inconstitucionales los artículos de la reforma constitucional impulsada por el gobernador Gerardo Morales.

A través de un video que se emitió desde la Casa Rosada, el mandatario repudió la violencia institucional del Gobierno jujeño contra un grupo de docentes y comunidades indígenas. "Los hechos son inadmisibles", señaló.

En su breve mensaje, el mandatario hizo un repaso de los rechazos que esgrimieron organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de las Naciones Unidas, Amnistía Internacional y Human Rights Watch. "Se han pronunciado de forma clara y contundente, llamando de manera inmediata al cese de la violencia estatal y a garantizar la vigencia de los derechos humanos en la provincia de Jujuy", enfatizó.

Por esta razón, Fernández instó al gobernador Morales "a cumplir con los estándares internacionales en materia de derechos humanos". "No se lo pide el presidente, se lo pide el pueblo. Es el mundo el que le exige que se termine la violencia estatal en Jujuy", insistió.

El presidente reveló que instruyó al ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, para que "analice y eventualmente promueva las acciones de inconstitucionalidad de los artículos de la reforma votada que violan la Constitución Nacional y los tratados internacionales".

A su vez, indicó que el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, retornó a la provincia del norte para monitorear de cerca la situación.

"Solicito al Gobierno jujeño que convoque a las comunidades indígenas y todos los actores sociales para encontrar caminos de diálogos. A 40 años del retorno de la democracia, es inadmisible que la violencia estatal sea la respuesta de un Gobierno a los reclamos legítimos y expresiones de sus comunidades. Negar el derecho a la protesta es cercenar las libertades constitucionales y maniatar nuestra vida democrática", completó.