Piden juzgar a los policías acusados de torturar a dos menores en un descampado

Lo solicitó el fiscal Juan Pablo Lódola. Consideró a Ariel Estévez, Vanesa Cano y Jonathan Cabrera como autores y a Micaela Estigarrabia como cómplice secundaria.

Tres de los policías siguen detenidos.

9 de Agosto de 2023 08:11

Por Redacción 0223

PARA 0223

A casi un año de que 0223 diera a conocer la detención de cuatro policías de la comisaría sexta acusados de torturar a dos adolescentes en un descampado, el fiscal Juan Pablo Lódola cerró la investigación y le pidió a la Justicia de Garantías la elevación de la causa a juicio.

El titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°12 mantuvo la calificación de los hechos investigados como constitutivos de los delitos de detención funcional ilegal y torturas concurriendo materialmente entre sí. A Ariel Estevez Pitrau, Sandra Vanesa Cano y Jonathan Cabrera en calidad de coautores de todos los delitos; y a Micaela Agustina Estigarribia como cómplice secundaria de torturas y coautora respecto al delito de detención funcional ilegal.

 Al igual que en el pedido de prisión preventiva, el fiscal sostuvo que la noche del 17 de septiembre de 2022, el Oficial Cabrera y la Oficial Estigarribia circulaban a bordo del móvil 27381 de la comisaría sexta e interceptó en Beruti al 9100 a dos adolescentes de 14 y 16 años con el pretexto de identificarlos. Allí le solicitaron a ambos que colocaran las manos contra el capot del vehículo oficial.

En ese momento se presentó el móvil 27841 del que descendieron el Oficial Estévez y la Sargento Cano, de la misma dependencia. Sin mediar palabra alguna, Estévez le propinó un golpe de puño en el labio al más chico de los menores mientras que Cabrera sacó su arma reglamentaria, apoyó la misma sobre el lado intercostal derecho del menor al tiempo que le ordenó no gritar porque de lo contrario lo iba a matar.

“Sin solución de continuidad, Estévez extrajo su arma reglamentaria e hizo lo propio sobre la cabeza del nombrado comenzando a gatillarla, mientras que Cano intentó colocarle el arma de fuego provista por la fuerza policial en la boca, siempre de la víctima, ajustándole posteriormente las esposas en forma violenta a ambos menores”, planteó.

Traslado de uno de los detenidos.

A partir del análisis probatorio, se estableció que tras esa maniobra subieron a los adolescentes –reducidos y esposados- a un descampado ubicado en la calle Stróbel al 10.000. Según el fiscal, Cano vociferaba "ahora van a ver como los matamos y nadie se entera, como yo tengo un montón de muertos y nadie se enteró, dos más no me van a hacer nada", incrementando así el sufrimiento psicológico que venían padeciendo los menores de edad.

Hacer bajar a uno de ellos, ponerlo de rodillas, ordenándole que pida perdón mientras le colocaban el arma en la sien y gatillaban antes de hacer bajar al otro, patearlo y pisarlo, previo a mostrarles una escopeta reglamentaria anti tumultos y decirles que empiecen a correr. Así se cerró, según la hipótesis fiscal, todo el accionar policial que, mediante un procedimiento ilegítimo, aplicó tormentos físicos y sufrimientos psíquicos de gravedad.

Para Lódola, la verosimilitud de los testimonios prestados en forma separada, la descripción de los hechos, la falta de constancia de aprehensión en los libros de guardia, detenidos, contraventores y planillas de novedades de la comisaría, los informes de posicionamiento de los patrulleros y las declaraciones colectadas, permiten confirmar sin duda alguna la secuencia narrada.

La secuencia fue confirmada por Estigarribia, una de las imputadas, que un día después de la detención declaró por más de dos horas y relató los hechos registrados esa noche en los que no manejó móvil alguno ni extrajo su arma en ningún momento. Sus dichos la ubicaron fuera del trío agresor y coincidieron con lo señalado por los adolescentes en su declaración y con la descripción física que hicieron.

A partir de ello, la fiscalía consideró que tuvo una participación secundaria y adelantó que no iba a pedir su prisión preventiva, por lo que la Jueza de Garantía Rosa Frende ordenó su libertad. La Oficial sigue imputada y para el fiscal debe responder como cómplice secundaria y coautora de los hechos.

Mientras que los abogados Martín Bernat –por Cano- y Mauricio Varela –por Estévez y Cabrera- no cuestionarán la medida para que la misma se eleve rápidamente a debate para solicitar la realización de un juicio por jurado, la defensa de Estigarribía a cargo de Adelina Martorella tiene plazo hasta la próxima semana para oponerse.