El pliego para la privatización del Minella superó un nuevo filtro y está más cerca de aprobarse

La Comisión de Obras del Concejo Deliberante aprobó este martes el Pliego de Bases y Condiciones para la licitación del Estadio José María Minella, el Polideportivo Islas Malvinas y espacios comunes del Parque Municipal de los Deportes Teodoro Bronzini, en lo que es el segundo aval en comisión que recibe el proyecto impulsado por el intendente Guillermo Montenegro.

Al igual que había ocurrido en Deportes, Obras respaldó el expediente solo con el apoyo de los concejales de Juntos por el Cambio, mientras que Unión por la Patria y La Libertad Avanza se abstuvieron. El Frente Renovador se ausentó, mientras que en ambas comisiones Acción Marplatense no tiene representación, si bien ya formuló múltiples cuestionamientos. El dictamen incorporó algunas modificaciones, aunque más de forma que de contenido.

El proyecto prevé una concesión por un plazo inicial de 30 años, con opción a prórroga por otros 10, en tanto que se establece un canon inicial de $120 millones anuales, actualizable por inflación. El pliego fija una serie de obras mínimas a llevar adelante en los escenarios, en tanto que se habilita que el concesionario desarrolle otras actividades en los espacios comunes del Campo de Deportes, como hotelería, gastronomía y recreación, entre otras.

Al proyecto ahora le queda el tratamiento de las comisiones de Legislación y Hacienda, donde la oposición espera novedades sobre algunas de las propuestas y críticas formuladas. Por caso, el Frente Renovador plantea el financiamiento de las becas deportivas dentro del canon, como así también destinar fondos para la puesta en valor del Parque Camet, explicitando finalmente el cumplimiento de la ordenanza que autoriza el uso gratuito de los estadios para los clubes marplatenses.

Otras críticas presentadas por la oposición apuntan a una presunta indefinición del objeto de la concesión, por sostener una opción abierta para las concesiones dentro del Campo de Deportes, como así también la falta de precisiones sobre las obras a desarrollar, principalmente dentro del Minella. Asimismo, se objeta el canon, el establecimiento del Ciadi (con sede en Washington) como tribunal donde resolver eventuales discrepancias en caso que el concesionario sea internacional, como así también la incorporación del derecho real de superficie, lo que abriría la posibilidad que el titular reclame una indemnización por las obras una vez concluido el contrato.

“Algunas cosas nos vienen quedando menos claras, porque los informes no terminan de aclararlo”, manifestó este martes la concejala Verónica Lagos (Unión por la Patria), en referencia a diversos reportes elevados formalmente por el Ejecutivo. Desde el ámbito libertario también mostraron distancia: “vamos a seguir esperando si esas respuestas y propuestas se toman y si hay modificaciones”, planteó Cecilia Martínez.