Hacinados, durmiendo entre ratas y trabajando más de 12 horas: así vivían los 22 obreros rescatados por la Policía

Un grupo de obreros, conformado por 18 hombres y 4 mujeres, vivián en situación de esclavitud y fueron rescatados por la Policía Federal Argentina (PFA). Como consecuencia, el capataz del edificio, su ayudante, un arquitecto y dos inversores fueron detenidos y podrían ser sentenciados a una pena de hasta 12 años.

“Acondicionado para albergar personas" y "en pésimas condiciones de mantenimiento y limpieza, sin ninguna medida de higiene y seguridad”, indicaron en el parte policial tras realizar el operativo de rescate que se realizó en un edificio de Nordelta, ubicado en la provincia de Buenos Aires.

Luego de seis meses de investigación por parte de la Procuraduría de Trata de Personas, efectivos realizaron 19 hallanamientos. Pero fue en el Delta Center donde encontraron a las víctimas viviendo en condiciones insalubres en un "pabellón", ubicado debajo de una de las rampas de acceso a la cochera. 

Hacinados, trabajo forzoso y durmiendo entre ratas

Oficiales detallaron que en el espacio había humedad, no había entrada de luz natural ni ventilación, la conexión eléctrica era precaria, las camas estaban hechas con puertas y tachos de pintura, y solamente había dos baños disponibles. Como si fuera poco, en las habitaciones habían ratas, mosquitos, entre otros insectos, acompañado de un espantoso olor debido a que pasaba "un conducto a cielo abierto con los desagües de los desechos de la cocina y de los baños".

"Una propuesta laboral, atractiva y engañosa", fue lo que recibieron las 22 víctimas oriundas de la provincia de Salta. Eran forzadas a trabajar 14 horas al día, de lunes a sábados y sin seguro o cobertura médica. Encima, algunas de ellas eran “utilizadas como moneda de cambio, pues eran entregadas a terceras personas para que los empleen en las tareas que consideraran necesario, a cambio de reducir deudas pecuniarias”.

Y a pesar de que les daban de comer, la alimentación era poca y de pésima calidad. Además, estaban limitados para salir: tenían un horario y les quitaban los documentos. Su estadía allí estuvo enmarcada por constantes abusos psicológicos y reiteradas amenazas de ser despedidos o quedarse sin su paga.

La causa quedó en manos del Juzgado Federal de Sandra Arroyo Salgado y los detenidos podrían esperar una pena de entre 8 y 12 años de prisión, de acuerdo al artículo 145 bis y 145 ter, incisos 1, 4, 5 y ante último párrafo del Código Penal, según la Ley N°26.842.