De no creer: el gobierno peruano definió a las personas transexuales como “enfermos mentales”

Cuando apenas faltan tres días para que se cumplan 34 años de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminara a la homosexualidad de la lista de enfermedades, el gobierno de Perú tomó una decisión anacrónica y de alto contenido discriminatorio, al incorporar a la transexualidad en el listado de enfermedades mentales.

La decisión se dio a conocer a través del Decreto 009-2024-SA firmado por la presidenta Dina Boluarte, donde se actualiza el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud y se incorporan nuevos diagnósticos en la categoría de trastornos mentales y del comportamiento. Entre ellos, están “el transexualismo, el travestismo de rol dual, el trastorno de la identidad de género en la niñez, otros trastornos de la identidad e género, el travestimos fetichista y la orientación sexual egodistónica”.

El documento contiene una lista detallada de las condiciones, intervenciones y atenciones que son financiadas a todos los asegurados y que rige en los centros de salud públicos y privados de Perú. Sin embargo, el Ministerio de Salud incorporó nuevos diagnósticos en la categoría de trastornos mentales y del comportamiento, basándose en la décima versión de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades (CIE-10), que quedó caduca en 2022 al entrar en vigencia una versión actualizada, la CIE-11.

Además de Boluarte, el decreto fue firmado por el ministro de Economía, José Arista, y el de Salud, César Vázquez Sánchez, y según se defendió desde el gobierno, la medida permitirá que las personas incluidas ahora puedan acceder a tratamiento psicológico gratuito.

La novedad rápidamente cosechó rechazaos. La diputada Susel Paredes, de la alianza opositora de centro izquierda Juntos por el Perú, pidió la derogación del decreto y aseveró que refuerza el estigma y discriminación hacia las personas trans. Finalmente, dijo que “urge implementar políticas de salud mental acorde a los estándares internacionales para garantizar el derecho a la salud, igualdad e identidad”.

A su vez, organizaciones de la sociedad civil, como  Perú, también mostraron su rechazo. De esta manera, 414 profesionales de la salud y 176 organizaciones de derechos humanos enviaron una carta al ministerio de Salud en la que le solicitaron dar marcha atrás con el decreto.