Cierre del Centro de Acceso a la Justicia: seis trabajadores despedidos y miles de familias sin ayuda

Luego de que el Gobierno nacional anunciara el cierre definitivo de los 81 Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) del país, desde la sede de Mar del Plata informaron que la medida afecta a cuatro trabajadores que perderán sus puestos y que se suman a los otros dos que ya habían sido despedidos en marzo.

La ola de despidos masivos en el Estado producida a finales de marzo generó un primer recorte en el área que involucró el cese de tareas de 2 trabajadores, junto con el resto de los que se desempeñaban en los dispositivos del Centro de Referencia (CDR) del exasilo Unzué.

Además de este organismo, allí funcionaban con normalidad oficinas de Desarrollo Social, la Agencia Nacional de Discapacidad, la Biblioteca Nacional, el Ministerio de Género y Diversidad y el Instituto contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi).

"En principio había otras sedes en la ciudad que venían de convenios que habían tenido con la gestión anterior, pero la oficina siempre CDR de la calle Santa Cruz. Desde que cambió la gestión no pudieron hacer más trabajo territorial y quedaron concentrados en esa oficina, yendo a trabajar todos los días ahí", contó a 0223 la trabajadora y delegada de ATE, Patricia Coronel.

"Los compañeros siguen yendo porque se hacen los anuncios de cierre a nivel oficial, pero después queda esperar a ver a quiénes despiden y cuándo lo hacen efectivo. Aparte hay muchas personas que siguen necesitando la atención de estas oficinas, y en todos los organismos del Unzué pasó lo mismo: los trabajadores seguimos yendo a cumplir nuestras funciones y sosteniendo el lugar con nuestros ingresos, hasta que haya alguna notificación que diga lo contrario", agregó. 

Estos centros son mucho más que lo que explicaron en el comunicado oficial del Ministerio: su tarea es de acercar la justicia a los lugares donde no llega, que son los barrios más populares. "Mucha gente no tiene la posibilidad de acceder a algún abogado particular o no conoce cómo ir a la justicia. Acá lo que se hace es orientar a la gente y tratar de acelerar algunos casos, llamar a la fiscalía para que se avance sobre ciertos trámites o de tratar de conseguir algún abogado de oficio que pueda actuar", explicó Coronel.

Con tantas tareas, se contradice la versión del Gobierno nacional que aduce que el cierre se debe a que "estos lugares son innecesarios ya que existen otros organismos que cumplen con esa función". "Quienes trabajamos en este ámbito sabemos que sitios como la Defensoría del Pueblo en Mar del Plata (que nombran como ejemplo) están colapsados y sobrepasados porque el recurso humano que hay tampoco da abasto. Entonces mucha de la demanda que llega a la misma Defensoría es derivada del Centro de Acceso a la Justicia", esgrimió la delegada. 

Qué pasa con los vecinos

Las personas que necesitan este y otros trámites de los tantos que se solían hacer de a miles en el Uzué hoy no encuentran respuestas. En ese sentido, Coronel explicó que desde la primera ola de despidos de marzo bajó el caudal de gente que asiste a consultar. "Entendemos que es un lugar que no queda muy a mano del centro y que hay familias que se tienen que tomar dos colectivos para llegar con lo que cuesta hoy el boleto, sin saber si van a poder atenderlos. Nosotros tratamos de informar que la oficina está abierta por los trabajadores que seguimos sosteniendo la atención al público de manera autogestiva", resaltó.

La llegada del frío a la ciudad también afecta a muchos vecinos que sufren incendios por calefaccionarse de forma precaria en viviendas vulnerables, y ante la falta de repuestas, acuden al CDR a buscar una ayuda. "Seguimos teniendo mucha demanda en ese sentido y las personas no saben qué hacer ante la falta de asistencia del Estado nacional. Por eso, tratamos de derivarlos a algún comedor u ONG. Nosotros, lamentablemente, no tenemos política pública para poder ofrecerles", argumentó la delegada.