Bar en El Faro: la CGT se sumó a la demanda judicial de los organismos de derechos humanos

Luego que el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°1 de Mar del Plata admitiera y otorgará el carácter de acción colectiva a la demanda de los organismos de derechos humanos para frenar la instalación de un bar en un predio de la zona de El Faro, la Central General del Trabajo (CGT) se sumó a la causa respaldando la postura de los demandantes.

Con su presentación, la central sindical conducida por José Luis Rocha expuso que “se busca la tutela de diversos derechos de jerarquía constitucional que se verán afectados en caso de avalarse la intención de la Asociación Vecinal de Faro Norte, la firma Burbarrell S.A. y la Municipalidad de General Pueyrredón, de establecer un comercio de características de esparcimiento, destilería de bebidas alcohólicas y actividades conexas”.

La demanda impulsada por organismos de derechos humanos busca frenar la ordenanza que el 8 de agosto sancionó el Concejo Deliberante, autorizando un permiso de uso y ocupación con carácter precario en favor de la entidad vecinal, quien a su vez cederá un sector a Restinga Gin para instalar una destilería y bar de esa bebida espirituosa, a cambio de un canon anual de 3 millones de pesos.

En el escrito al que accedió 0223, la CGT expuso tres fundamentos en contra de la ordenanza, por un lado la afectación del “derecho a la memoria como derecho humano fundamental”, el potencial daño ambiental al desarrollarse el proyecto en una zona declarada reserva forestal y un perjuicio económico que significará para la Comuna la cesión del espacio por un canon mensual de 250 mil pesos.

En cuanto al debate en torno a los derechos humanos, la CGT sostuvo que “los principios de memoria, verdad y justicia, no pueden ser vislumbrados a un reduccionismo discursivo, sino que, por el contrario, requieren acciones concretas y determinadas por los órganos del Estado”.

“La intención tanto de la Municipalidad de General Pueyrredón, a través de sus representantes, como de la Asociación Vecinal de Faro Norte y la firma Burbarrell S.A., es lisa y llanamente pasar por encima todas estas obligaciones que, eventualmente, podrían ser generadoras de un daño como ha quedado resaltado en el escrito inicial postulado por referentes de derechos humanos; pero, también y no se trata de una cuestión menor podría comprometerse seriamente la responsabilidad del Estado Nacional por ante los organismos de derechos humanos”, remarcó.

El debate en el Concejo Deliberante estuvo fuertemente focalizado sobre si el predio bajo control municipal ubicado en la rotonda de El Faro integró o no el centro clandestino de detención que en la última dictadura funcionó en la Escuela de Suboficiales de Infantería de la Armada (Esim). El oficialismo hizo foco que en las leyes que reconocen los sitios de memoria, dicho sector no integra el espacio Faro de la Memoria. Por su lado, los organismos de derechos humanos expusieron planos de la propia Armada como también testimonios de sobrevivientes sobre que efectivamente ese sector fue parte de la Esim.

Como segundo aspecto, la CGT se enfocó en la cuestión ambiental, donde “el predio cuyo permiso se pretende otorgar se encuentra sito dentro del área comprendido por el “Paseo Costanero Sur” de la ciudad de Mar del Plata, revistiendo ni más ni menos que el carácter de reserva forestal”.

“El derecho a un medio ambiente sano reviste el carácter de derecho colectivo, por lo que cualquier menoscabo en tal sentido conllevaría a la responsabilidad del Estado municipal por ser el potencial otorgante del permiso”, enfatizó, luego que en la demanda original se hiciera foco que el proyecto no cuenta con un estudio de impacto ambiental actualizado, ya que data de años atrás y además no se refiere a todos los aspectos del actual proyecto.

Por último, la central sindical enfatizó que el canon de 3 millones de pesos anuales significa un perjuicio para la Municipalidad, sosteniendo además que esto genera una competencia desigual con los otros privados que invierten en esa zona de la ciudad, quienes no lo hicieron sobre bienes públicos y con estas ventajas.

Para la CGT, esta situación “podría implicar indudablemente que aquellos comerciantes que efectuaron inversiones, sin haber afectado bienes públicos, adviertan discriminación ante la falta de convocatoria por parte del Municipio para la concreción de cualquier tipo de proyecto y, consecuentemente, articular demandas que, potencialmente, podrían llegar a resultados favorables”, debido a que se hizo una asignación directa a Restinga Gin, triangulando con la Sociedad de Fomento Faro Norte, sin convocar a una licitación.

Además de la CGT, otras entidades sindicales se sumaron esta semana a la demanda colectiva, entre ellas la Agremiación Docente Universitaria Marplatense (Adum), el Sindicato de Prensa de Mar del Plata y la Asociación Bancaria, como así también la Fundación Lined Global.