"Facturé $6 millones en un mes": habló la policía que subió videos hot a TikTok

Nicole, la oficial de la Policía de la Ciudad suspendida por publicar videos eróticos con su uniforme en TikTok, habló tras el escándalo y explicó cómo atraviesa el sumario administrativo. Contó que se enteró de la investigación interna recién cuando le notificaron el sumario y que nunca imaginó la magnitud que tomaría el caso. “Sabía que podía tener una falta, pero no pensé que iba a pasar todo esto. Lo hice por necesidad”, afirmó en una entrevista con "Telenoche" (El Trece). A su vez, aseguró que está “muy arrepentida” y que espera la resolución de la fuerza.

La agente de 25 años pidió disculpas por haber grabado con el uniforme y reconoció que fue un error de criterio. También admitió que es consciente de que podría recibir la baja definitiva. Por otra parte, reveló que su actividad en una plataforma de contenido para adultos se convirtió en su principal ingreso: “Este mes empecé con la venta de contenido y facturé $6 millones. En la Policía cobraba $600 mil”. Explicó además que las otras mujeres que aparecen en sus videos trabajan de manera independiente y que nunca recibió denuncias.

Durante la entrevista, Nicole dio detalles del contexto personal que atravesó en los últimos meses: relató que estuvo internada y bajo tratamiento neurológico en junio y que sufrió hostigamiento y acoso sexual por parte de su expareja. “Todavía no tengo el alta neurológica, pero sí el psiquiátrico”, comentó al referirse a su situación actual. También negó versiones que circularon en las plataformas y aclaró: “No vivo en un barrio privado y esa casa no es mía”.

En paralelo, el caso sumó una denuncia en la Justicia Federal presentada por el abogado Rodrigo Tripolone. El letrado pidió que se investigue si detrás de las cuentas donde aparece la oficial podría haber trata de personas con fines de explotación sexual. Según su presentación, la joven sería la figura central de distintos perfiles que publican contenido erótico monetizado junto a otras chicas. Ahora, la Justicia deberá definir si existe un delito detrás de las publicaciones o si se trata únicamente de una infracción administrativa.