Piden que el decreto de ciudadanías italianas sea suspendido: "La revisión debe ser democrática"

A raíz de las drásticas modificaciones en los trámites para las personas interesadas en adquirir la ciudadanía italiana, desde el Movimiento Asociativo Italiani all’Estero (Maie) elevaron una nota al ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional, Antonio Tajani, en la que solicitaron que se retrotraiga la medida que afecta notablemente al sector.

"Expresamos nuestra profunda preocupación respecto al contenido de la reforma del instituto de la ciudadanía introducida por el Decreto 36/25. Es evidente para todos que una revisión de la normativa era deseable, considerando los principios del concepto de genuine link y la necesidad de fortalecer el vínculo efectivo entre el Estado y sus ciudadanos", reconocieron y agregaron que "el decreto en cuestión avanza en una dirección diametralmente opuesta, presentando numerosos problemas que, de no ser corregidos, podrían causar un daño irreversible a los intereses de Italia a largo plazo".

Entre las mayores preocupaciones del sector, se encuentra el riesgo real de comprometer la presencia de Italia en el mundo. "La introducción de restricciones al reconocimiento de la ciudadanía por descendencia (especialmente con la cuestionable fórmula “no han adquirido nunca la ciudadanía”) podría provocar la desaparición progresiva de las comunidades italianas en el extranjero. Estas comunidades han sido, desde siempre, un recurso fundamental para el país, promoviendo espontáneamente el Made in Italy, la cultura, el idioma y los valores italianos en el mundo", señalaron desde la entidad.

Para Maie, eliminar este patrimonio humano y simbólico "debilitaría la capacidad de Italia para proyectarse globalmente, afectando las redes económicas, culturales y diplomáticas construidas a lo largo de más de un siglo de emigración italiana. En un momento en el que las grandes potencias invierten en sus diásporas, el Decreto 36/25 parece querer cortar uno de los vínculos más vitales de Italia con el mundo".

La barrera discriminatoria del “nacido en Italia” y la paradoja de los ciudadanos italianos de hoy

Otro problema clave para el sector es la exigencia de haber nacido en Italia o haber residido al menos dos años en el país para acceder al reconocimiento de la ciudadanía. Aunque estos criterios puedan parecer racionales, el movimiento asegura que excluyen la transmisión de la italianidad a las generaciones futuras nacidas en el extranjero y educadas en entornos italianos.

"En efecto, se restringe la ciudadanía a los hijos de italianos solo si han nacido o residido en el territorio, lo que anula la identidad italiana en el extranjero. Esto significa que, en una o dos generaciones, las familias italianas emigradas hace tiempo no podrán transmitir la ciudadanía a sus hijos o nietos, lo que llevaría a la desaparición de la ciudadanía italiana en el mundo. Es una perspectiva alarmante para la supervivencia misma de la identidad italiana fuera de Italia", argumentaron.

La retroactividad y el principio de igualdad

Además, en el escrito solicitan abordar la cuestión de la retroactividad del decreto, tanto desde un punto de vista legal como moral. Según indicaron, "es inaceptable" que una ley como esta, vigente desde el 27 de marzo de 2025, pueda negar retroactivamente derechos adquiridos o en proceso de reconocimiento. "Una persona nacida antes de esa fecha, que según el artículo 1 de la Ley 91/92 tenía derecho a la ciudadanía iure sanguinis, no debería perder ese derecho por una norma posterior. Hacerlo sería una violación de uno de los principios fundamentales del sistema jurídico italiano", esgrimieron.

En ese marco, agregaron: "Igualmente preocupante es la cuestión de la igualdad ante la ley. El decreto genera una injusticia evidente entre dos ciudadanos italianos: uno que puede transmitir su ciudadanía hasta el 26 de marzo de 2025 y otro nacido después, que ya no tiene ese derecho. Esta discriminación en el tratamiento legal es inconstitucional y podría ser objeto de numerosos recursos y litigios. Además, el Decreto 36/25 genera un paradojo jurídico y social inaceptable. Hoy existen ciudadanos italianos que hablan italiano, consumen productos italianos, participan activamente en la vida política votando e incluso siendo elegidos en parlamentos extranjeros, pero que no pueden transmitir su ciudadanía italiana a sus hijos".

Por ejemplo, una familia con dos hijos: el primero, nacido antes de la entrada en vigor del decreto e inscrito regularmente en el Aire, es ciudadano italiano; el segundo, nacido días o semanas después y aún no inscrito, es considerado carente de genuine link con Italia. Dos hermanos nacidos de los mismos padres, educados en el mismo entorno cultural, terminan siendo discriminados: uno ciudadano italiano, el otro no.

Asimismo, hay ciudadanos italianos nacidos en el extranjero en segunda, tercera e incluso cuarta generación que viven plenamente su identidad italiana, participan en asociaciones italianas en el extranjero e incluso dirigen algunas de ellas, asisten a escuelas donde se estudia el italiano, pero que, según las nuevas normas del decreto, son considerados carentes de vínculos con Italia.

"Estos casos demuestran claramente que el decreto no se ajusta al principio internacional del genuine link: no es el número de generaciones lo que determina la existencia de un vínculo auténtico con una nación, sino múltiples factores —lingüísticos, culturales, identitarios y políticos— que el decreto no ha tomado en cuenta. Una legislación equitativa y respetuosa de los principios internacionales debería reconocer estos elementos sustanciales en lugar de basarse en simples automatismos administrativos", explicaron.

Finalmente, en la carta solicitaron al ministro poder reformar el sistema de ciudadanía, ya que es "una responsabilidad seria y necesaria, pero debe hacerse con equilibrio y considerar aspectos políticos y no solo burocráticos".

"Debe ser el resultado de elecciones conscientes por parte de los representantes democráticamente electos y no quedar exclusivamente en manos de la gestión administrativa, que muchas veces está desconectada de la realidad de las comunidades italianas en el mundo. El Decreto 36/25, tal como está redactado, corre el riesgo de debilitar los lazos entre Italia y su diáspora, comprometer su influencia global y negar derechos fundamentales a ciudadanos que han construido su identidad en torno a la italianidad. Por ello, solicitamos que el decreto sea suspendido y revisado con urgencia, mediante un proceso de discusión amplio, democrático y participativo, en nombre del interés nacional y los principios constitucionales", subrayaron.