Patrulla Municipal: los siete elementos que tuvo en cuenta el juez Tapia para otorgar el habeas corpus y limitar el accionar del gobierno

Un fuerte cimbronazo generó la resolución del juez de Garantías Juan Tapia que este miércoles otorgó parcialmente el habeas corpus colectivo solicitado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y ordenó a las autoridades municipales que “omitan todo despliegue de operativos por parte de la Patrulla Municipal sobre personas en situación de calle que impliquen violencia física o verbal”. La medida también prohíbe la “sustracción de documentos u objetos personales, en resguardo del derecho a la vida, la integridad física y psíquica, la libertad y la dignidad del colectivo vulnerable”, en referencia a las personas en situación de calle.

La decisión que además le da argumentos a los señalamientos que viene realizando la oposición en el Concejo Deliberante, se basa en la prueba generada a lo largo del medio año que llevaron las actuaciones, donde el juez Tapia tomó en cuenta siete elementos generales para dar por comprobada “la existencia de prácticas violentas llevadas adelante por agentes municipales pertenecientes a la Patrulla Municipal”.

“Existe coincidencia en los relatos que les sacan los colchones y mantas que tienen para dormir, pero también en ocasiones les sacan teléfonos celulares, las zapatillas y ropa de abrigo, todo ello sin ningún registro administrativo”, afirmó Tapia en la extensa resolución de 85 carillas a la que accedió 0223.

“Este accionar genera un claro peligro sobre la libertad de las personas en situación de calle, cuyo abordaje puede transitar diferentes respuestas estatales, las que deberían excluir el ejercicio de violencia institucional”, reflexionó el letrado, quien remarcó que estas consideraciones “no implican desconocer las facultades conferidas al Municipio en el control del espacio urbano, de lo que se trata es de la realización de procedimientos respetuosos de la vida, la integridad física y la dignidad de las personas respecto de las cuáles se ejerce la respuesta estatal”.

Al respecto, Tapia cuestionó seis modos de actuar de la Patrulla Municipal para concluir en el otorgamiento de la medida. Ellas son la nocturnidad de los operativos y focalizados en personas difíciles de ubicar a posteriori, lo que “minimiza la posibilidad de efectuar denuncias penales”; la utilización de prendas oscuras y ocultamiento de rostros, lo que impide la identificación de los agentes; como así también la “indudable planificación de los operativos”, lo que desmiente la postura de la Municipalidad de que son intervenciones espontáneas.

Asimismo, también añadió el “uso de violencia física y psíquica”, la inexistencia de actuaciones administrativas posteriores para establecer sanciones a municipales que hayan actuado por fuera de la ley, donde el propio intendente Montenegro reconoció en audiencia esta situación. Finalmente, también la “exepcionalidad de la convocatoria” de personal policial, quien debe estar presente en los operativos.

Los siete elementos que aportaron prueba en la causa

A lo largo de la resolución, Tapia hizo una extensa descripción de siete instancias que aportaron diversos elementos de prueba que permiten dar por acreditado el accionar ilegal de la Patrulla Municipal.

1. La prueba audiovisual presentada por la CPM con siete testimonios de víctimas: son vídeos grabados con especies de entrevistas a personas en situación de calle que denuncian haber recibido distintos tipos de hostigamientos. “Nos empezaron a sacar todo, estaban todos encapuchados con pasamontañas. Me sacaron todo y me cagaron a palos. Nos fuimos a Libertad y Jujuy y también nos cagaron a palos ahí”, asegura alguien nombrado como “el Pibe de la Rambla” sobre un operativo en Luro y Dorrego. Una mujer -Azul- asegura que a una conocida la tuvieron “secuestrada” durante tres horas en un móvil dando vueltas sobre Plaza Rocha, se habla de robo de DNI y hasta de una golpiza a una embarazada.

2. Dos investigaciones penales en curso. Son dos demandas tramitadas por la UFI N°12, si bien la primera fue desechada por falta de prueba. “Si te agarramos a la noche la vas a pasar mal, te vamos a hacer desaparecer”, cuenta un hombre abordado en inmediaciones del Monumento a los Héroes de Malvinas el 3 de enero. El juez Tapia afirma que hay un vídeo donde se ven a dos agentes golpeando al sujeto.

3. Denuncias presentadas ante la CPM. Es una presentación de integrantes de un grupo de vecinos que asiste a personas vulnerables que pasan la noche en Plaza Rocha. Malos tratos, golpes y sustracción de las pertenencias, como prácticas habituales. Aportan vídeos de los operativos.

4. Audiencia judicial del 28 de abril: participó el intendente Guillermo Montenegro y los secretarios Vilma Baragiola (Desarrollo Social), Rodrigo Goncalvez (Seguridad) y Mauro Martinelli (Legal y Técnica), referentes de la CPM, Fiscalía General Departamental y Defensoría General Departamental. El gobierno responde a múltiples consultas previas presentadas por el juez, con muchos detalles sobre el accionar de la Patrulla Municipal. También hablan los funcionarios, de lo cual surge que los operativos no se realizan con personal de Desarrollo Social, como lo indicaba una resolución judicial previa. La CPM propone pasar distintos vídeos, incluidos los publicados por el propio gobierno en sus redes sociales -que están incorporados en las demandas-, pero Montenegro no lo permite. El jefe comunal también reconoce que personas con problemas de salud permanecen retenidas en patrullas, pero responsabiliza al Higa por tener criterios restrictivos para recibirlos: “en diversas situaciones esas personas permanecen en el interior de un patrullero, unas horas hasta lograr que se ´estabilicen´”, resume el juez.

5. Cuatro declaraciones testimoniales tomadas en audiencia judicial el 27 de mayo sobre operativos de la Patrulla: son los relatos de cuatro testigos sobre tres operativos en Peralta Ramos y Vertiz, en la zona del Casino Central y en Santiago del Estero y Castelli. El más relevante es la declaración de Eleonora Alais, militante de derechos humanos e hija de Hugo Alais, uno de los abogados desaparecido en la recordada Noche de las Corbatas, el operativo clandestino llevado adelante por el Ejército Argentino en julio de 1977 en Mar del Plata. Aseguró haber visto al pasar en su auto el primero de los operativos: “la imagen de personas encapuchadas deteniendo a personas en situación de vulnerabilidad a mitad de la noche le recordó a la actuación de los grupos de tareas, a la época en la que actuaban la Triple A y la CNU”, resumió Tapia. Otro testimonio es un analista de seguridad privada, quien se desempeñó como agente de la Patrulla hasta 2023 y presenció el último operativo. En ellos se señalan el accionar violento, autos no identificados, agentes encapuchados y personas detenidas.

6. Dos testimonios de víctimas en audiencias públicas en dos investigaciones penales de la UFI de Flagrancia: corresponden a una audiencia del 10 de abril con dos personas detenidas que habría sido víctimas del accionar violento de la Patrulla.

7. Amicus curiae de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, CTA y CTA Autónoma: Respaldan la postura de la CPM y retoman los hechos denuncias aportando una reflexión crítica sobre el debate, aunque no se aporta prueba nueva.