Agua contaminada en escuelas de Mar del Sud: hay cuatro imputados por defraudación

Son cuatro los imputados en General Alvarado en el marco de la investigación por una denuncia vinculada al suministro de agua contaminada en escuelas de la localidad de Mar del Sur, una problemática que derivó semanas atrás en la intervención del Consejo Escolar del distrito por parte de la gobernación bonaerense. La causa en la que interviene la unidad fiscal de Mar del Plata se inició hace cinco meses y a partir de una serie de allanamientos se corroboró la existencia de una falsificación de documentos públicos.

Todo comenzó luego de que un grupo de padres de alumnos del polo educativo de esa localidad advirtieran que sus hijos presentaban cuadros de gastroenteritis. Tras encargar un análisis, se concluyó que el agua no era potable y descubrieron que a ellos les exhibían certificados de potabilidad que eran apócrifos.

Por tal motivo el titular del área de investigación y litigio de casos sencillos, el fiscal federal Carlos Martínez, formalizó la investigación preparatoria en relación a las cuatro citadas personas por los delitos de defraudación a la administración pública, uso de documentación falsificada y suministro de agua contaminada en tres establecimientos educativos de Mar del Sud, que comparten el mismo predio y pozo de agua.

Un contratista y tres funcionarios del Consejo Escolar

Los imputados son un contratista que debía certificar que el agua que se distribuía en las escuelas era potable y que habría además falsificado informes en más de un centenar de oportunidades, y tres funcionarios del Consejo Escolar de General Alvarado –su presidenta, vicepresidenta y tesorero-, quienes serán juzgados por el incumplimiento de sus deberes y falsedad ideológica de documentos públicos.

La imputación se dio en el marco de una audiencia encabezada por el juez Santiago Inchausti, quien presenció la formalización de la investigación y autorizó que la misma se extienda por 180 días. De la audiencia, realizada bajo la coordinación de la oficina judicial, a cargo de Néstor Fernández de la Puente, participó el fiscal Martínez, junto al auxiliar fiscal Agustín Roldán y equipo.

Los fiscales le solicitaron al juez, por un lado, la prohibición de salidas del país sin autorización judicial para las cuatro personas investigadas, y por otro lado, la prohibición de acercamiento en un radio de 500 metros al polo educativo de Mar del Sud, sito en la manzana de calles 106 y 27, por el plazo de 180 días en consonancia con el plazo requerido para la investigación, que vencerá el 17 de marzo del año próximo.

La génesis del escándalo en Mar del Sud

Durante el 2024, las familias habían advertido cuadros de gastroenteritis, vómitos y sarpullidos en sus niños, niñas y adolescentes, que habían mermado durante el receso de verano. También detectaron los desbordes del pozo ciego de desechos cloacales, y la peligrosidad por su cercanía al pozo de agua potable del predio. Todo llevó a la cooperadora a requerir a un laboratorio privado la realización de análisis bacteriológicos y fisicoquímicos para conocer la calidad del agua, en el período previo al inicio del ciclo lectivo 2025.

El estudio, conocido el pasado 5 de marzo, indicó que el agua no era apta para consumo humano por la presencia de escherichia coli -lo que indica posible contaminación fecal- , y de pseudomona aeruginosa, otra bacteria que representa un riesgo para la salud.

De acuerdo con la investigación de la fiscalía, en base a la documentación secuestrada y los testimonios obtenidos, el informe fue comunicado de inmediato a las autoridades educativas, quienes suspendieron un día las clases. Ese 6 de marzo, ante el pedido de explicaciones de las familias, las directoras de los establecimientos fueron citadas a la Jefatura Distrital, en la que las autoridades del Consejo Escolar de General Alvarado relataron que contaban con un análisis hecho el 18 de febrero que avalaría la potabilidad del agua, pero no fue exhibido.

El 7 de marzo, las clases se reanudaron, y cuando los padres se acercaron a primera hora para escuchar las explicaciones, exigieron ver el análisis.

La unidad fiscal logró reconstruir mensajes enviados entre los imputados esa mañana que dieron cuenta de la falsificación de un informe, propuesta por el contratista y avalado por la vicepresidenta del Consejo Escolar local. De esta manera, se exhibió el documento falso en una segunda reunión realizada el mismo 7 de marzo al mediodía.

Si bien el informe presentaba indicios de ser real, como el membrete de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) y la firma de una perito química, el padre de un alumno de la escuela primaria se acercó el 22 de abril hasta la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales para dialogar con la profesional que supuestamente había firmado los informes (uno de febrero de este año, el otro del año pasado) que habilitaban el consumo del agua del pozo de las escuelas.

La perito le explicó que ninguno de los dos había sido firmado por ella y esto motivó la denuncia en el Área de Atención Inicial de la Unidad Fiscal Mar del Plata, que también tiene a su cargo el fiscal Martínez. La investigación avanzó y el pasado 27 de agosto se realizaron una serie de allanamientos en localidades del partido bonaerense de General Alvarado, en los que se secuestró documentación y los teléfonos celulares de las personas investigadas.