Auditorías sin aviso y cierre de centros: la realidad de prestadores de personas con discapacidad

A pocas horas de que el Senado de la Nación rechazara el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad, prestadores y familiares se reunieron en Luro e Yrigoyen para celebrar la votación pero también advertir un posible nuevo freno desde el ámbito judicial.

Luego de la decisión de los legisladores, el Ejecutivo tiene diez días hábiles para implementar la ley pero esta mañana desde el sector recibieron la novedad de que se pretende judicializar la medida ya que "afecta el presupuesto".

"Hace cinco minutos recibimos una notificación sobre la judicialización. Dicen que no lo van a permitir porque desestabilizaría la economía del país, así que estamos muy angustiados de que eso pueda pasar", expresó a 0223 la trabajadora Jésica Machado.

Tanto para la prestadora como para el resto de sus colegas, llevar esto a la Justicia resulta algo "increíble". "Es algo que no busca nuevos derechos sino defender los ya adquiridos, entonces no tiene sentido impedirlo. Hay abogados que asesoran de forma gratuita a las familias que están analizando qué va a suceder mientras tanto", resaltó la referente.

La posibilidad de que se demore la aplicación de la ley con la judicialización los preocupa, porque en el camino, muchas familias no saben cómo seguir.

"Vienen destratando a las personas con discapacidad, a los prestadores y a las instituciones. La gente tiene que saber que se están cerrando centros porque nada alcanza. Ayer en Mar del Plata llegaron mensajes a las entidades diciendo que iban a tener auditorías justamente en el día de la marcha al Andis (Agencia Nacional de Discapacidad), en el que no estaban presentes, amenazándolos con perder su registro o matrícula", advirtió.

Por otra parte, se refirió a los dichos del vocero presidencial Manuel Adorni quien expresó que se usarían los fondos de las ciento diez mil pensiones que habían sido dados de baja para darles a los prestadores y personas con discapacidad. "Nosotros lo rechazamos completamente porque sabemos cómo se hicieron esos trámites y miles fueron dadas de baja de forma irregular. De hecho, se está pidiendo que se detengan hasta que se hagan de forma correcta", reflexionó.