La Emergencia en Discapacidad es ley: el Senado revirtió definitivamente el primer veto de la era Milei

El Senado rechazó este jueves el veto total del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Con 63 votos a favor, 7 en contra y ninguna abstención, la Cámara alta alcanzó los dos tercios necesarios para insistir con la sanción de la norma, que ahora el Poder Ejecutivo quedará obligado a promulgar.

La medida significa un duro golpe político para el Gobierno, que había vetado la ley el 4 de agosto y ya había sufrido un revés en Diputados el 20 del mismo mes, cuando 172 legisladores votaron a favor de rechazar el veto presidencial, superando con holgura los dos tercios requeridos.

La sesión fue conducida por el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, dado que la vicepresidenta Victoria Villarruel quedó al frente del Ejecutivo por el viaje de Milei a los Estados Unidos.

Mientras en el recinto se desarrollaba el debate, en las afueras del Congreso distintas organizaciones y familias de personas con discapacidad recibieron la votación con alegría, celebrando lo que consideraron un paso en la ampliación y protección de derechos.

La agenda del Senado también incluyó el tratamiento de un proyecto que busca modificar la Ley 26.122 para limitar el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). La iniciativa establece que los decretos deberán ser tratados en el Congreso en un plazo de 90 días o, de lo contrario, caducarán. El objetivo es frenar la llamada “sanción ficta”, que permite que los DNU queden firmes si no son discutidos por el Parlamento.

La iniciativa declara la emergencia en la materia hasta diciembre de 2027 y contempla una serie de medidas orientadas a fortalecer el sistema de prestaciones y la inclusión laboral de personas con discapacidad.

Las medidas de la ley

• Compensaciones económicas: se prevé una compensación de emergencia para prestadores y asignaciones para talleres de producción, con un impacto fiscal estimado entre el 0,22% y el 0,42% del PBI, según la Oficina de Presupuesto del Congreso.

• Regularización de pagos y actualización de aranceles: se dispone saldar deudas con prestadores y actualizar mensualmente los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral, que pasa a ser declarado de interés público nacional.

• Pensiones no contributivas: se garantiza el financiamiento y se revisan las condiciones de acceso y permanencia.

• Fortalecimiento institucional: se mejora la base de datos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y se establecen auditorías para corregir fallas en la gestión.

• Transparencia y control: el Poder Ejecutivo deberá informar públicamente sobre la ejecución presupuestaria y las políticas vinculadas a la emergencia.

• Certificado Único de Discapacidad (CUD): la ANDIS, en coordinación con el Consejo Federal de Discapacidad, fijará nuevos lineamientos para la certificación, contemplando condiciones físicas, mentales, intelectuales, sensoriales y sociales.

• Talleres protegidos y centros de día: se asignan recursos y compensaciones para garantizar su funcionamiento continuo.

• Cupo laboral: se reafirma la obligación del Estado de cumplir con el 4% de empleo para personas con discapacidad en el sector público.