La Justicia aplicó una multa diaria de $100.000 al gobierno por incumplir la Ley de Financiamiento Universitario

La Justicia federal impuso una multa diaria al gobierno nacional por incumplir una medida cautelar sobre la Ley de Financiamiento Universitario. La resolución fue firmada este miércoles por el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Martín Cormick, quien dispuso inicialmente una sanción de $100.000 por cada día de demora para el titular de la jefatura de Gabinete, Diego Santilli.

La medida busca que el Ejecutivo cumpla con la orden judicial de recomponer los salarios del personal docente y no docente de las universidades públicas, además de garantizar los recursos destinados a las becas estudiantiles.

La decisión se tomó después de que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclamara que la sanción se hiciera efectiva, al advertir que el Estado nacional seguía sin cumplir con las obligaciones establecidas en la medida cautelar.

El magistrado ya había intimado al Gobierno en dos oportunidades para que regularizara la situación.

Un monto que podría aumentar

Cormick consideró acreditado el incumplimiento y dispuso la aplicación de las denominadas astreintes, una herramienta judicial que consiste en multas económicas para presionar al cumplimiento de una obligación.

El juez estableció una suma inicial de $100.000 diarios y advirtió que el monto y los funcionarios alcanzados podrían aumentar si persiste la demora.

La cautelar continúa vigente aunque el gobierno haya apelado el fallo principal, que declaró inconstitucional un artículo del decreto 759/2025 por el cual había condicionado la aplicación de la ley.

Según los antecedentes del expediente, la medida cautelar había sido confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 25 de junio del 2026.

Qué establece la Ley de Financiamiento Universitario

La ley de Financiamiento Universitario establece una recomposición de los salarios universitarios para compensar la inflación acumulada entre enero del 2023 y julio del 2025. Esa actualización representa un incremento del 40,25% sobre los salarios básicos liquidados en julio de 2025.

Además, dispone que las remuneraciones se actualicen mensualmente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y que las becas estudiantiles sean recompuestas y actualizadas.

Se profundiza así el conflicto judicial entre el gobierno y las universidades públicas. Cabe remarcar que la sanción se conoció a horas de la quinta Marcha Federal Universitaria, en defensa de la educación pública.