Pinamar: cuestionan un contrato de $84 millones firmado por la gestión de Ibarguren

La contratación de servicios informáticos por parte de la municipalidad de Pinamar quedó bajo cuestionamiento a partir del decreto 704/2026 mediante el cual el gobierno de Juan Ibarguren adjudicó directamente a la empresa DNL Outdoor S.R.L. el mantenimiento correctivo y evolutivo del denominado Sistema Major por un monto total de $84 millones.

Según lo firmado por Ibarguren, el contrato contempla cuatro pagos mensuales de $21 millones. La firma seleccionada reemplaza a Compubecar, empresa que había prestado durante aproximadamente 26 años servicios adicionales de soporte y mantenimiento de los sistemas informáticos municipales.

El costo del servicio y el uso del RAFAM

Uno de los principales interrogantes planteados gira en torno a la necesidad de contratar un servicio informático adicional cuando los municipios bonaerenses disponen del RAFAM (Reforma de la Administración Financiera en el Ámbito Municipal), un sistema destinado a integrar y organizar la información económica y contable de las administraciones locales.

La publicación sostiene que, de los 135 municipios de la Provincia de Buenos Aires, 23 contratan servicios adicionales de este tipo, mientras que los restantes utilizan el sistema RAFAM. A partir de esa comparación, plantea dudas sobre la justificación del gasto y la continuidad de estas prestaciones durante sucesivas gestiones municipales.

El cambio de proveedor también adquiere relevancia porque, de acuerdo con los considerandos del decreto mencionados en la nota, la administración municipal habría identificado vulnerabilidades de seguridad vinculadas con la dependencia operativa de una única empresa. El documento alude a la concentración del conocimiento técnico, los accesos y el control de los activos informáticos del municipio.

Las observaciones sobre las cuentas municipales

El cuestionamiento publicado también incorpora observaciones sobre la rendición de cuentas correspondiente al ejercicio 2025. En particular, hace referencia al expediente 4123-0000464/2026 y a un saldo de $620.249.656 registrado en la cuenta de “ingresos pendientes” al cierre de ese período.

Según la información difundida por el medio local El Cartero, en las fojas 7 y 8 del expediente se dejaría constancia de que se estaba trabajando para regularizar esa situación. La publicación utiliza ese dato para plantear nuevos interrogantes sobre los mecanismos de control y la transparencia de las cuentas públicas de Pinamar.

Asimismo, el artículo menciona una denuncia penal presentada en 2025 por presuntas irregularidades en la tesorería municipal. En ese contexto, hace referencia a registros de cámaras de seguridad y a supuestas maniobras con fondos y asientos contables. Se trata de acusaciones reproducidas por la publicación, que no deben confundirse con hechos judicialmente acreditados.

El acceso a la información pública

Otro de los puntos señalados está relacionado con las posibilidades de acceso al sistema contable por parte de los concejales y de los órganos de control. Se cuestionan las restricciones que afectarían especialmente a representantes de la oposición en el Concejo Deliberante.

El planteo se vincula con la función del RAFAM como herramienta para centralizar información financiera y facilitar el seguimiento de los recursos públicos. En ese marco, el debate sobre la contratación informática trasciende el monto adjudicado y alcanza también a los mecanismos de fiscalización de los gastos municipales.