Pinamar: Ibarguren autorizó el traspaso de un balneario con documentación pendiente y crecen los cuestionamientos al Municipio

La gestión del intendente Juan Ibarguren enfrenta nuevos cuestionamientos por las decisiones adoptadas sobre el frente costero de Pinamar. Esta vez, el foco está puesto en el traspaso de la Unidad Turística Fiscal (UTF) 42, una concesión que cambió de manos por decreto y cuya autorización se firmó con documentación pendiente de presentación.

La operación se suma a la polémica por la habilitación de carpas en el Sector 8 de las playas, aprobada por el Concejo Deliberante sin una nueva licitación. En ambos casos, las decisiones sobre el uso de un espacio público estratégico para la actividad turística plantean interrogantes sobre los procedimientos administrativos, los controles y los posibles beneficiarios.

Según replicó el periodista Matías Benítez en El Pionero, el 8 de junio, Ibarguren firmó el Decreto 942, que autorizó a los herederos de la concesión de la UTF 42 a transferirla a Playa del Norte S.A. La unidad fiscal se encontraba hasta entonces en manos de la Sucesión Del Carril.

Uno de los puntos que despierta cuestionamientos es que la sociedad que recibió la concesión se había constituido el 18 de mayo, apenas 21 días antes. Además, el decreto municipal estableció un plazo de 90 días para presentar la documentación que faltaba. En otras palabras, la transferencia fue autorizada antes de que estuviera completo el expediente.

La situación adquiere relevancia porque el pliego que regula la explotación de las playas exige antecedentes para operar una unidad fiscal, de acuerdo con la Ordenanza 4442/2014. En ese contexto, resulta necesario conocer qué antecedentes acreditó Playa del Norte S.A. al momento de recibir la concesión y cuáles quedaron pendientes.

Entre los socios de Playa del Norte S.A. figura Marcelo Rocchetti, exjefe de Gabinete de Cristian Ritondo, identificado como referente político del espacio que gobierna Pinamar.

Las decisiones sobre la playa pública, bajo cuestionamiento

El caso de la UTF 42 no es el único que puso bajo la lupa las decisiones de las autoridades de Pinamar sobre el frente marítimo.

El 25 de septiembre, el Concejo Deliberante sancionó la Ordenanza 7361/2026, que modificó las condiciones de explotación del Sector 8 y abrió la posibilidad de incorporar carpas en unidades que habían sido adjudicadas sin ellas en la licitación de 2009.

La modificación generó críticas porque se aprobó sin convocar a una nueva licitación y sin un estudio ambiental previo. Entre los beneficiarios señalados hay paradores vinculados con concejales que votaron a favor de la ordenanza sin excusarse.

Aunque la modificación del Sector 8 y el traspaso de la UTF 42 son procedimientos diferentes, el Ejecutivo de Pinamar quedó bajo la lupa por las condiciones de explotación de la playa pública y la falta de garantías para evitar beneficios particulares.