El gobierno lanzó un nuevo plan de retiros voluntarios para estatales: quiénes pueden acceder y cuánto cobrarán

El gobierno nacional de Javier Milei puso en marcha un nuevo régimen de retiros voluntarios para empleados públicos, con compensaciones económicas diferenciadas según la situación previsional y los años de servicio de cada trabajador. La medida quedó oficializada este lunes mediante el Decreto 1203/2026, publicado en el Boletín Oficial, y su objetivo central es reducir la cantidad de empleados estatales.

La convocatoria estará abierta del 1 al 30 de noviembre, aunque la autoridad de aplicación podrá disponer una prórroga por única vez de hasta 30 días corridos. El programa alcanza al personal de planta permanente y a quienes tengan contratos por tiempo indeterminado en las jurisdicciones y organismos de la Administración Pública Nacional centralizada.

Quiénes pueden acceder al retiro voluntario

El esquema contempla tres grupos de trabajadores. El primero comprende a mujeres de 58 años o más y hombres desde los 63 años que todavía no reúnan los aportes necesarios para jubilarse. Podrán elegir entre una gratificación por única vez o el cobro mensual del 60% de su remuneración bruta durante un máximo de 36 meses, sujeto a las condiciones previstas en el decreto.

El segundo grupo está integrado por mujeres de entre 58 y 64 años y hombres de entre 63 y 64 años que cuenten con al menos 30 años de aportes. En estos casos, la compensación será de un sueldo bruto por cada año de antigüedad, con los topes establecidos por la norma, más un adicional equivalente a cinco remuneraciones.

Para el tercer grupo, compuesto por mujeres de hasta 57 años y hombres de hasta 62, se establece una compensación de un sueldo bruto por cada año de antigüedad, con un máximo de 20 remuneraciones. A ese monto se sumarán cuatro sueldos adicionales para quienes tengan menos de 15 años de antigüedad en planta permanente y cinco para quienes alcancen o superen ese período.

Qué trabajadores quedan excluidos

El régimen no alcanza a los empleados de organismos descentralizados, como la ANSES, ni a quienes tengan contratos transitorios o estén vinculados mediante contratos del artículo 9 de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional. También quedan excluidos, entre otros, integrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad, personal del Servicio Exterior y agentes de la Secretaría de Inteligencia de Estado.

La normativa establece además restricciones para quienes tengan procesos penales o sumarios administrativos pendientes por determinadas faltas, se encuentren en situación de disponibilidad o tengan una renuncia pendiente de aceptación. Los trabajadores que mantengan reclamos judiciales o administrativos contra el Estado por cuestiones laborales deberán desistir de esas acciones para adherir, con las excepciones previstas en la regulación.

El cargo será eliminado y no podrán volver al Estado por ocho años

La adhesión implica el cese definitivo de la relación laboral y la eliminación del cargo presupuestario que ocupaba el trabajador. Además, quienes accedan al retiro no podrán volver a ser contratados en el Sector Público Nacional durante los ocho años posteriores.

Una vez cerrado el período de inscripción, las autoridades de cada jurisdicción tendrán 40 días corridos para resolver las solicitudes. Si no existe una aceptación expresa dentro de ese plazo, el pedido se considerará rechazado.

La aplicación del programa estará a cargo de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, dependiente del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. La iniciativa forma parte de la política de reorganización de la estructura estatal impulsada por el Gobierno de Javier Milei.