Tres horas de llamadas diarias: cómo operaba el "call center" carcelario y qué decían para estafar

El fiscal a cargo de la investigación que desarticuló a una banda que realizaba estafas desde unidades penitenciarias, Mariano Moyano, dio precisiones acerca de cómo operaban y sostuvo que un 85% de las llamadas no eran atendidas, aunque el 25% representaba tres horas de comunicación diarias.

Según le explicó el agente fiscal a Extra, la radio de 0223, en el proceso corroboraron que "establecimientos carcelarios planificaron y coordinaron la comisión de hechos delictivos, como robos, coacciones y extorsiones", por lo que remarcó que la investigación "pone bien sobre la mesa cómo operan a través del empleo de aparatos de telefonía celular".

En esa línea, aclaró que las tareas surgieron "a partir de un hecho puntual ocurrido en los primeros días del mes de julio", en el que un sujeto "se presentó como comisario e indicó que un familiar de la víctima había embestido a una mujer embarazada y requirió alrededor 16 millones de pesos", lo que era "coordinado con otras personas que fueron hasta la vivienda y le sustrajeron dinero y elementos de valor".

Desde ese episodio y otros de características similares, contó que las autoridades establecieron que "un mismo número había efectuado más de cinco mil llamadas en un mes, no únicamente en Mar del Plata, sino también en otras localidades de la provincia de Buenos Aires y el país".

En ese punto realizaron una intervención telefónica sobre ese y otro número que también contaba con esa cantidad de llamadas y consiguieron identificaron que las modalidades eran hacerse pasar por efectivos policiales o como familiares y solicitar "que tenga los dólares separados" como consecuencia de un anuncio presidencial, conforme a Moyano.

"Esto motivó que solicitemos órdenes de allanamiento a la Justicia de Garantías en la Unidad Penal N° 1 de Olmos, donde secuestramos los dispositivos usados para las llamadas. En las unidades 44 y 15 también incautaron celulares y se ordenó la detención de personas que formaban parte de esta asociación ilícita, al igual que del recluso de Olmos, entendiendo que intervenía como jefe", detalló.

Por otro lado, el profesional precisó que mediante el análisis de los teléfonos determinarán "qué base de datos operaban para contactar a las víctimas, sobre todo a números de abonados fijos", al mismo tiempo que estimó que "un 85% de esos llamados no logró consumarse porque cortaron de inmediato o fueron directo al contestador", y un 25% que corresponde a "un promedio de llamados diarios de unas 2 o 3 horas".

En paralelo, en cuanto a la utlización de celulares en las cárceles, sostuvo que "la autoridad competente debería disponer de inmediato la prohibición absoluta", y contempló que en realidad se había tratado de "una medida autorizada de manera excepcional por la pandemia". 

"Lo llamativo de esto es que claramente queda la luz la cantidad innumerable de llamados similar a un call center. Hablamos de una estructura que funciona de forma regular y diaria, y trataremos establecer cuando comenzó a funcionar esta organización", sentenció el fiscal.