¿Conocías el trágico crimen de la distribuidora de dulces que paralizó por completo a Mar del Plata?

La sede de Dulces Noel, ubicada sobre la calle Jujuy entre San Lorenzo y Roca, funcionaba como la principal proveedora de golosinas de Mar del Plata. Detrás de la fachada comercial y del ritmo cotidiano de la firma, el lunes 19 de agosto de 1968 comenzó a gestarse uno de los episodios policiales más oscuros de la historia local.

Una auditoría inminente y cuentas desacomodadas

 El gerente de la sucursal, Héctor Espiñeira, buscaba la forma de disimular un desfalco interno de proporciones. Para lograrlo, decidió cargar toda la responsabilidad contra su propio compañero y contador, Roberto Ruiz.

Una auditoría de la casa central era un hecho inminente y los números no cerraban para nadie. En la planta alta del edificio, Ruiz, de 36 años, sabía que enfrentaba una semana crítica: debían justificar un faltante de entre 8 y 10 millones de pesos ante los inspectores, una cifra equivalente a tres departamentos céntricos en aquellos años.

Entre ellos mantuvieron una fuerte discusión sobre el manejo de las finanzas. Ruiz exigió que el faltante se reconociera como una irregularidad de la gerencia y no del sector contable, pero no logró convencer a su superior. Esa noche, el contador no regresó a su hogar.

La maniobra posterior y la denuncia

A la mañana siguiente, ante la ausencia prolongada del marido, la preocupación de la esposa se transformó en incertidumbre. Cerca de las diez, el propio Espiñeira se presentó en el departamento familiar para asegurar con total frialdad que Ruiz se había marchado y que faltaba dinero en la caja.

Bajo ese pretexto, le exigió la entrega de la segunda llave de la caja fuerte, la cual Ruiz guardaba habitualmente en su domicilio. En ese cofre se encontraban los vales de retiro de dinero firmados por el gerente y los remitos de mercadería impaga, elementos que conformaban la prueba clave del fraude.

Horas más tarde, el propio Espiñeira radicó una exposición por estafa en la Comisaría Segunda, la misma dependencia donde la familia ya había presentado una denuncia por la desaparición del contador ocurrida desde el 20 de agosto.

La búsqueda y el hallazgo en los acantilados

Durante el jueves 22, viernes 23 y sábado 24 de agosto, los familiares recorrieron hospitales, clínicas, comisarías y consultaron a vecinos y directivos de la firma sin obtener respuestas.

El panorama cambió de manera drástica durante el fin de semana. El domingo 25 de agosto, pasadas las cuatro de la tarde, un matrimonio formado por Beatriz y Fortunato Ongaro caminaba por la zona de los acantilados cuando divisaron un cuerpo mutilado, desprovisto de cabeza y manos.

Las autoridades demoraron hasta la mañana siguiente en establecer la identidad de la víctima. Tras enterarse del hallazgo por los medios y notar que entre los datos forenses figuraba una cicatriz de apendicectomía, el doctor Nieto, amigo de la víctima, se presentó en la morgue junto a una pedicura. Ambos reconocieron el cadáver: el médico identificó la marca de la operación y la pedicura una intervención reciente para corregir un “dedo martillo”.

Los peritos legistas concluyeron que la muerte se produjo entre el jueves y el viernes de la anterior semana, lo que indicaba que Ruiz había sido retenido el lunes y asesinado tres días después. Además, determinaron que el cuerpo había sido sumergido en agua para acelerar su desangrado, ya que carecía de fluidos.

La investigación judicial y la confesión

Identificado el cuerpo, el juez Delfor Díaz Colodrero volcó la pesquisa sobre los conflictos internos de la empresa. El lunes por la tarde fueron demorados Espiñeira, su hijo y Aelita Ivars viuda de Martiarena.

El magistrado retuvo al gerente y a la jefa de contaduría bajo la excusa de la denuncia por fraude presentada originalmente por el propio Espiñeira. Un recurso de hábeas corpus permitió su liberación días después, mientras las sospechas sobre la participación del gerente en el homicidio crecían sin un respaldo probatorio firme.

Ante la falta de avances iniciales, la Brigada de Investigaciones volvió a citar a la mujer para profundizar sobre el desfalco. En esa ampliación testimonial, Aelita Ivars confesó que tanto ella como Ruiz y Espiñeira participaban del fraude.

La fuga y el esclarecimiento del crimen

La confesión precipitó la orden de detención contra Espiñeira, quien ya había escapado. La policía logró capturarlo el 14 de septiembre en la Ciudad de Buenos Aires.

En su declaración indagatoria, el gerente afirmó que aquel lunes 19 discutió con Ruiz por el manejo financiero y que el contador intentó atacarlo con un revólver. Según su versión, logró desarmarlo mediante una maniobra de defensa personal, lo arrojó contra un escritorio y le golpeó la cabeza contra el piso en medio de un arrebato emocional. Al advertir de madrugada que estaba muerto, procedió a seccionar la cabeza y las manos.

Sobre el destino de las partes faltantes, Espiñeira indicó primero que las había enterrado en la zona de El Sosiego y, más tarde, que las trasladó a Buenos Aires dentro de una caja metálica para arrojarlas al Delta del Tigre. En sucesivas presentaciones judiciales modificó su relato e insinuó haberle disparado.

Condena y libertad

Para la justicia, el homicidio formaba parte de un plan premeditado para encubrir el desfalco empresarial. El tribunal de primera instancia condenó a Espiñeira a cadena perpetua por los delitos de defraudación, homicidio calificado y robo agravado, sentencia que fue ratificada en 1974.

El condenado cumplió reclusión en las cárceles de Dolores y Sierra Chica. Tras sucesivas reducciones de pena que rebajaron la condena original a 25 y luego a 18 años, el denominado “descuartizador de Noel” recuperó la libertad en 1981, tras haber cumplido doce años, ocho meses y veintiún días de prisión efectiva.

Años después de cerrado el proceso, la justicia nunca pudo determinar con certeza si Espiñeira actuó en solitario o si contó con asistencia en las maniobras posteriores de ocultamiento del cuerpo.