Dos escándalos judiciales que demuestran la falta de transparencia: qué hay detrás de Andis y $Libra

Con insultos y alusiones a un supuesto golpe de Estado, el presidente Javier Milei celebró horas después de conocida la resolución, el sobreseimiento en la Causa $Libra que los incuía a él y a su hermana, ambos acusados de una cripto-estafa con miles de víctimas. Pero lejos de parecer una victoria como la intentaron mostrar algunos de los referentes tuiteros de "las fuerzas del cielo", la decisión judicial expuso una falta de transparencia y las declaraciones del mandatario, una debilidad cada vez más marcada.

Luego de ese escándalo judicial, esta semana un estudio inconcluso de Gendarmería fue utilizado por la gestión de Milei como prueba suficiente para dar por anulada la Causa Andis, que investiga sobreprecios y coimas en el la Agencia Nacional de Dsicapacidad. Pero, a las pocas horas, llegó un revés.

Caso $LIBRA: una fiscalía anticorrupción apeló para reabrir la causa contra Javier y Karina

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) decidió intervenir en la causa $LIBRA y apeló los sobreseimientos del presidente Javier Milei, su hermana Karina y otros nueve imputados. El organismo, encabezado por el fiscal Sergio Rodríguez, pidió que se reabra la investigación por la presunta criptoestafa y asumió el impulso de la acción penal, luego de que el fiscal Eduardo Taiano desistiera de continuar con esa línea y solicitara el cierre del expediente. 

La presentación de la PIA se produjo después de que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dispusiera los sobreseimientos al considerar que los hechos investigados no configuraban los delitos de estafa, abuso de autoridad y tráfico de influencias. Sin embargo, para el organismo especializado en delitos de funcionarios públicos, la investigación no estaba agotada y todavía quedaban medidas de prueba fundamentales para esclarecer las circunstancias del lanzamiento y posterior desplome del token promocionado por el Presidente en sus redes sociales. 

Entre los puntos que la Procuraduría consideró pendientes aparecen la reconstrucción de la trazabilidad del dinero, el análisis de comunicaciones y dispositivos electrónicos, la investigación de posibles acuerdos comerciales y el estudio de documentación vinculada con presuntos pagos. También cuestionó que se hayan evaluado de manera aislada distintos indicios que, considerados en conjunto, podrían aportar elementos relevantes para reconstruir una eventual maniobra delictiva. 

Otro de los aspectos señalados por la fiscalía está relacionado con los ingresos a la Casa Rosada de personas vinculadas con el lanzamiento de la criptomoneda. En particular, mencionó los reiterados accesos de Mauricio Novelli y Sergio Morales, y consideró que esos movimientos debían analizarse junto con el resto de las evidencias. La PIA también advirtió sobre la falta de colaboración de otras jurisdicciones y las limitaciones de algunos peritajes, entre ellos los realizados sobre teléfonos celulares. 

El planteo fue impulsado a partir de una presentación del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), que habían cuestionado el cierre del expediente. Ahora deberá resolverse si se habilita la reapertura de la investigación. Si el juzgado rechaza el pedido, Rodríguez dejó planteada una apelación para que intervenga la Cámara Federal.

ANDIS: el Gobierno se aferra a un peritaje inconcluso mientras la causa por los sobreprecios sigue avanzando

En medio de la investigación por irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el Gobierno difundió supuestas conclusiones de un peritaje de Gendarmería sobre los audios atribuidos al exdirector del organismo, Diego Spagnuolo. Sin embargo, el estudio todavía no había terminado y, según fuentes judiciales, sus resultados no modificarían el curso de la investigación por presuntos sobreprecios y retornos millonarios durante la gestión libertaria.

La difusión de esos resultados parciales coincidió con una jornada clave para el expediente: el día en que debían presentarse a declaración indagatoria los propietarios de la droguería Suizo Argentina, Jonathan y Emmanuel Kovalivker. De acuerdo con la información publicada, el peritaje no había podido determinar la autenticidad de las grabaciones ni identificar las voces de las personas involucradas. También había detectado cortes abruptos e inconsistencias sonoras compatibles con registros realizados en distintos momentos. Las declaraciones de los empresarios fueron finalmente reprogramadas para el 4 de noviembre. 

El Gobierno encontró en esas observaciones un argumento para poner en discusión la validez de los audios que dieron origen a una parte importante de las sospechas públicas sobre el funcionamiento de la ANDIS. Las grabaciones, difundidas por el canal de streaming Carnaval, contienen conversaciones atribuidas a Spagnuolo en las que se mencionan presuntos mecanismos de recaudación ilegal y pagos vinculados con la compra de medicamentos. La defensa del exfuncionario sostiene que la causa debería declararse nula porque considera que la investigación se originó en material obtenido de manera ilegítima. 

Sin embargo, en Comodoro Py remarcan que los audios no fueron incorporados como prueba central del expediente y que la investigación cuenta con otras líneas probatorias. De hecho, uno de los últimos dictámenes del fiscal Franco Picardi, elaborado junto con el fiscal de Investigaciones Administrativas Sergio Rodríguez, puso el foco en el circuito de contrataciones y los movimientos de dinero de la droguería Suizo Argentina. Según esa presentación, la empresa recibió $137.118.357 de la ANDIS, un monto cercano al 30% de las erogaciones totales del organismo, y habría tenido una intervención determinante en el circuito de compras de medicamentos de alto costo del programa Incluir Salud.

La investigación apunta a determinar si existieron acuerdos ilegales entre empresarios y funcionarios para direccionar compras y obtener beneficios económicos mediante sobreprecios y retornos. En ese esquema, además de Spagnuolo y su exnúmero dos, Daniel Garbellini, aparece mencionado el empresario Pablo Atchabahián como presunto articulador de la maniobra. Mientras la defensa prepara nuevos planteos para cuestionar la validez del expediente a partir de los audios, la pesquisa judicial continúa por otras vías y con el foco puesto en el funcionamiento de las contrataciones, los pagos y las responsabilidades dentro del organismo.