Zona Fría: la Defensoría del Pueblo destacó el fallo que puede marcar un precedente para todo el país

La resolución de la Cámara Federal de Mar del Plata que reconoció la legitimación de la Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon para cuestionar judicialmente los cambios en el régimen de Zona Fría abrió una perspectiva que trasciende el reclamo por los subsidios al gas. Para el organismo local, el fallo representa un antecedente que podría modificar el alcance de las intervenciones judiciales de las defensorías de otras ciudades y provincias ante medidas de alcance nacional que tienen consecuencias directas en sus comunidades.

Así lo planteó Marcelo Lacedonia, defensor del Pueblo de General Pueyrredon, quien celebró la decisión de los integrantes de la Cámara Federal, que por unanimidad hicieron lugar al recurso presentado contra el rechazo de primera instancia. "La verdad que esto tiene un impacto muy positivo, más allá de la cuestión de Zona Fría, en cuanto a la posibilidad de que las defensorías locales acudan en defensa de los intereses colectivos cuando una norma impacta en su propia comunidad", sostuvo en una entrevista con Radio Extra 102.1.

El punto central del planteo de Lacedonia es que, hasta ahora, existía un criterio judicial que restringía la posibilidad de que las defensorías provinciales y municipales intervinieran ante la Justicia cuando el cuestionamiento estaba dirigido contra una norma nacional. Según explicó, esa interpretación se apoyaba en tres antecedentes de la Corte Suprema, que habían establecido límites a la legitimación de los defensores locales para promover este tipo de acciones.

"En algunos casos habían dejado de acudir a la Justicia porque ya se conocía este criterio de los fallos del tribunal", contó. En ese sentido, consideró que la resolución de la Cámara marplatense puede abrir una nueva etapa para estos organismos, al reconocer que tienen facultades para representar a sus comunidades cuando una disposición nacional produce consecuencias concretas en sus territorios.

Uno de los argumentos que, según Lacedonia, tuvo especial relevancia en la resolución fue la prolongada vacancia de la Defensoría del Pueblo de la Nación. El organismo nacional permanece sin un titular designado desde 2009, una situación que se extiende desde hace 17 años y que, para el defensor marplatense, debe ser considerada al momento de analizar quiénes pueden asumir la representación de los intereses colectivos ante la Justicia. La falta de una autoridad nacional en funciones deja un vacío institucional que adquiere especial relevancia cuando los conflictos afectan a sectores específicos de la población o a determinadas regiones.

La discusión, por lo tanto, excede el expediente iniciado por los cambios en el régimen de Zona Fría. "Creo que las circunstancias cambiaron radicalmente", afirmó el defensor, al referirse a los antecedentes judiciales que habían limitado la actuación de los organismos locales. Recordó que los fallos citados en esas interpretaciones corresponden a 2006 y 2018 y sostuvo que el escenario institucional actual amerita revisar aquel criterio.

"Entendemos que los defensores locales pueden acudir a la Justicia cuando una norma que es nacional impacta solo en una porción del territorio, como es en este caso", remarcó. Para Lacedonia, el reconocimiento de esa facultad permite que las instituciones más cercanas a los vecinos puedan defender sus intereses colectivos frente a decisiones adoptadas en el ámbito nacional, sin que el origen de la norma sea un impedimento para reclamar judicialmente.

En esa línea, destacó otro de los fundamentos de la sentencia de la Cámara Federal: el fortalecimiento del federalismo de control. "También la Cámara, en un fallo impecable, ha sostenido que esto afianza y fortalece el federalismo de control", señaló. Y explicó el alcance de esa definición: "Es decir, que los órganos locales puedan representar, no importa la norma que viene de la Nación, sino que el impacto es local y que el conflicto local corresponde que los organismos locales puedan defenderse".

Consultado sobre la posibilidad de que lo resuelto pueda marcar un precedente para otras localidades, el funcionario fue contundente: "Sí, no tengo ninguna duda". De todos modos, aclaró que todavía existe la posibilidad de que la discusión llegue a la Corte Suprema y que el máximo tribunal vuelva a pronunciarse sobre los alcances de la legitimación de los defensores locales. "Siempre está la posibilidad de que esto llegue en algún momento a la Corte y trate el tema con firmeza en esos precedentes", advirtió.

Qué resolvió la Cámara y cómo sigue el amparo

Más allá de las consecuencias institucionales que Lacedonia le atribuye al fallo, la resolución también permitió destrabar el expediente iniciado contra los cambios en el régimen de Zona Fría. La Cámara Federal revocó por unanimidad el rechazo del Juzgado Federal N°4, que había desestimado la presentación sin analizar sus argumentos por considerar que la Defensoría municipal carecía de legitimación activa para promoverla. "Lo que hizo la Cámara Federal fue hacer lugar al recurso que nosotros interpusimos contra el fallo de primera instancia que desconocía la legitimación de la Defensoría local para cuestionar una norma federal como es la norma de Zona Fría", explicó Lacedonia.

El defensor aclaró que el pronunciamiento no implica que la Justicia haya reconocido la razón de la Defensoría respecto del cuestionamiento al nuevo esquema de subsidios. Se trata de una resolución sobre la posibilidad del organismo de impulsar el reclamo colectivo, una instancia previa al análisis de la constitucionalidad de la normativa. "No resuelve la cuestión de fondo, si tenemos o no razón respecto al amparo planteado, pero sí resuelve algo procesal: que la Defensoría tiene la legitimación para cuestionar la constitucionalidad de una norma", precisó.

Con la decisión de la Cámara, el expediente deberá regresar al juzgado de origen para que avance con el tratamiento de la demanda. El primer paso será analizar la medida cautelar solicitada por la Defensoría, que apunta a evitar la aplicación del nuevo cuadro tarifario mientras se resuelve la controversia de fondo. "El juez ya tiene que empezar a tratar el hecho de amparo, que primero es analizar la medida cautelar solicitada, que es la no aplicación del nuevo cuadro tarifario, y luego la cuestión de fondo", detalló.

En cuanto a los próximos movimientos procesales, anticipó que el juzgado deberá requerir informes a los organismos y autoridades demandados. "Ahora se va a pedir informe seguramente al demandado, que es el Estado nacional, el Ente Regulador de Gas y el ENARGAS. Este sería el procedimiento habitual", señaló.