Con un celular y datos robados: el negocio millonario de los call center tumberos

Las llamadas llegan sin levantar sospechas. Del otro lado, una voz amable se presenta como representante de un banco, una obra social, un organismo público o una empresa de servicios. Conoce el nombre de la víctima, su número de documento, su domicilio y hasta algunos movimientos personales. Habla con seguridad, ofrece soluciones y construye una conversación que parece legítima. Pero detrás de esa aparente atención al cliente puede esconderse una estructura criminal que opera desde una celda.

La modalidad, conocida como “call center tumbero”, convirtió a los establecimientos penitenciarios en escenarios de una nueva forma de delincuencia organizada. Lejos de las imágenes tradicionales del delito carcelario, estas maniobras combinan teléfonos celulares, computadoras, información personal filtrada y estrategias de manipulación psicológica para vaciar cuentas bancarias y apropiarse de los datos de personas desprevenidas.

No se trata necesariamente de un preso que improvisa una llamada. Detrás de cada engaño puede haber una organización con funciones distribuidas, relevos y una planificación que permite sostener las operaciones durante horas. El fenómeno expone, además, las dificultades del sistema penitenciario para impedir que determinados recursos tecnológicos terminen convertidos en herramientas para delinquir.

Una estructura criminal con turnos, relevos y tareas específicas

La organización delictiva replica, en cierta medida, el funcionamiento de una empresa. Los integrantes no necesariamente ejecutan todas las etapas de una estafa: algunos preparan la información, otros continúan el trabajo y un último grupo se encarga de cerrar la operación. Todo depende de los momentos en que los internos tienen acceso a dispositivos y espacios con menor supervisión.

Aníbal Lazzaroni, profesor en investigación criminal y experto en ciberdelitos, explicó en diálogo con 0223 que "se dividen por los turnos que tengan los reos para estar sin control dentro del penal. En esos momentos es que ellos utilizan ese tiempo para empezar a preparar el delito”.

La planificación puede continuar incluso cuando cambian los internos que tiene acceso a esos espacios. Así, el trabajo no se interrumpe necesariamente cuando termina un turno, sino que pasa de unas manos a otras.

“Van preparando los trabajos para que se dividan en tres o cuatro grupos. Entonces el primero prepara las tareas, el segundo sigue, el tercero va terminando el trabajo y el último es el que cierra. No es que hace uno todo, está todo muy dividido”, detalló el especialista.

Esta fragmentación dificulta reconstruir el circuito completo de la estafa y permite que cada participante cumpla una función específica dentro de una cadena delictiva.

El combustible del engaño: datos personales al alcance de cualquiera

Para que una estafa telefónica resulte convincente, no alcanza con inventar una historia y esperar que alguien caiga. La clave está en disponer de información suficiente para construir una identidad creíble y generar confianza en la persona que atiende.

En ese punto, las filtraciones de bases de datos representan un recurso fundamental. Información proveniente de organismos públicos, compañías telefónicas y entidades privadas puede circular por internet, comercializarse ilegalmente y terminar en manos de organizaciones criminales.

El experto advirtió que los episodios de vulneración de sistemas informáticos dejaron expuesta información de millones de personas, un escenario que facilita la preparación de engaños personalizados.

“El acceso a la información en este país es demasiado barato. El año pasado se hackeó el Registro Nacional de las Personas con una base de datos de tres millones de personas completos. Después se hackeó el sistema de seguridad vial, donde se filtraron dos millones de registros completos”, señaló.

A ese material se suman los registros que pueden obtenerse de empresas de telefonía y entidades bancarias. Con esos datos, los delincuentes pueden conocer aspectos de la vida de sus potenciales víctimas antes de establecer el primer contacto.

Lazzaroni explicó que esa información "la adquieren, la guardan en la nube y a través de un teléfono o una notebook, en un programa, en una clase que tengan que ir a dar, utilizan estas bases de datos”, sostuvo.

De esta manera, herramientas que deberían estar destinadas a actividades educativas o de comunicación pueden convertirse en instrumentos para desarrollar operaciones ilícitas.

Notebooks y posibles complicidades: cómo ingresan los recursos tecnológicos

Uno de los aspectos más delicados del fenómeno es la utilización de dispositivos electrónicos dentro de las unidades penitenciarias. Según el especialista, los internos pueden aprovechar actividades educativas y programas de estudio para acceder a computadoras y conectividad, mientras que los teléfonos celulares constituyen otra herramienta central para mantener el contacto con el exterior.

El problema, de acuerdo con su análisis, no se limita a la presencia de esos elementos, sino también a las condiciones que permiten su utilización sin controles suficientes.

La existencia de teléfonos y notebooks dentro de las cárceles plantea, además, interrogantes sobre los mecanismos de vigilancia y las responsabilidades de quienes deben garantizar la seguridad penitenciaria.

“Sí, la complicidad existe, sino esto sería imposible. O sea, de hecho, no debería haber teléfonos, no deberían haber notebooks en formas personales”, afirmó Lazzaroni.

El especialista también describió un sistema en el que determinados accesos y beneficios tendrían un valor económico para los internos. Según su testimonio, los turnos, las actividades y las posibilidades de utilizar dispositivos pueden formar parte de una dinámica que requiere dinero para sostenerse.

“Todo tiene un valor y todo esto se paga y ellos tienen que conseguir ese dinero a través de los delitos que van generando en estos espacios que les dejan abiertos”, aseguró.

El engaño perfecto: cuando el estafador sabe más de la víctima de lo que espera

La sofisticación de estos llamados no depende solamente de la tecnología. Una parte central del mecanismo consiste en sostener una conversación convincente, responder dudas y aportar datos personales que desactiven las sospechas.

El delincuente puede presentarse como un empleado bancario que necesita verificar una operación, un supuesto representante de Pami que ofrece solucionar un inconveniente o un operador de ANSES que comunica una actualización de datos. El argumento cambia, pero la estrategia suele ser similar: generar urgencia, construir confianza y conseguir que la persona entregue información sensible o realice alguna operación.

Lazzaroni puso el foco en la capacidad de manipulación que desarrollan quienes llevan adelante estas maniobras y en el modo en que utilizan la información obtenida previamente. “Modalidades y discursos hay infinidad. El tema es cómo logran mantener la conversación para darte la mayor cantidad de datos posibles de que esto no es una estafa y que sí son operadores reales”, explicó.

La acumulación de detalles personales funciona como una herramienta de persuasión. La víctima escucha información que, en principio, solamente debería conocer una institución o alguien de su entorno y baja la guardia.  “Como tienen tu número de documento, tu dirección, tu teléfono, tus cosas, te hablan bien, llegás a creer el ardid y te engaña”, advirtió.

El resultado es una estafa que no siempre comienza con una amenaza o una propuesta extraordinaria, sino con una conversación aparentemente rutinaria. Precisamente allí reside buena parte de su peligrosidad.

Adultos mayores, entre la brecha digital y la vulnerabilidad

Aunque cualquier persona puede convertirse en víctima, los adultos mayores enfrentan dificultades particulares frente a este tipo de engaños. La digitalización de trámites bancarios, prestaciones sociales y servicios de salud obliga a muchas personas a utilizar aplicaciones y plataformas que no siempre conocen o comprenden.

Esa brecha tecnológica puede ser aprovechada por quienes se presentan como supuestos asistentes dispuestos a resolver problemas que, en realidad, ellos mismos inventan.

El especialista cuestionó que se traslade a los usuarios toda la responsabilidad de adaptarse a sistemas digitales sin contemplar las dificultades que atraviesan determinados sectores de la población. “Cualquier persona de más de 55 o 60 años no nació en una época virtual. Entonces no se tiene la preparación adecuada y se tiene un concepto absolutamente diferente”, planteó.

En ese contexto, mencionó especialmente las dificultades que pueden surgir cuando una persona de edad avanzada necesita resolver un trámite vinculado con su cobertura médica y no cuenta con las herramientas necesarias para hacerlo de manera autónoma.

“Mientras sigamos sin pensar, por ejemplo, nuestros adultos mayores y estén obligados a usar una aplicación de una obra social, por ejemplo como Pami, a los 85 años que no tienen ni idea cómo se usa, le estás dejando la puerta abierta al delito para que alguien los contacte diciendo que es de Pami y que les va a solucionar un problema”, sostuvo.

La vulnerabilidad, en definitiva, no responde solamente a una falta de conocimientos tecnológicos. También está relacionada con la confianza que generan las instituciones y con la necesidad concreta de resolver trámites, cobros o inconvenientes que pueden resultar fundamentales para la vida cotidiana.

Cárceles con tecnología para bloquear el delito: una decisión que excede los recursos

Para Lazzaroni, el problema no es imposible de controlar. Existen herramientas técnicas que permiten restringir las comunicaciones ilegales desde los establecimientos penitenciarios, aunque su implementación requiere inversión, mantenimiento y una decisión institucional sostenida.

Entre las alternativas mencionó bloqueadores y mecanismos que pueden reducir las posibilidades de que los dispositivos sean utilizados para coordinar estafas desde el interior de las unidades. “Hay muchas formas de controlar las cárceles. La tecnología permite que tanto con bloqueadores de señales, inhibidores, restricciones de módem, frecuencia, hay infinidad de situaciones que permiten que esto pueda ser controlado”, indicó.

Sin embargo, advirtió que la cuestión no pasa exclusivamente por disponer de equipamiento, sino por la voluntad de instalarlo, administrarlo y garantizar que funcione correctamente. “Una cárcel es segura o no es segura de acuerdo a una decisión política, nada más, no tiene que ver con otra cosa”, remarcó.

Su planteo apunta a una dimensión que trasciende las maniobras individuales: cuando una estafa se organiza desde el interior de un penal, la seguridad de quienes están afuera también depende de los controles que se aplican puertas adentro.

La prevención empieza antes de que suene el teléfono

Mientras las estructuras criminales continúan aprovechando la circulación de información personal y las dificultades de control penitenciario, la prevención individual sigue siendo una herramienta necesaria, aunque insuficiente para resolver el problema de fondo.

Lazzaroni fue contundente al referirse a las llamadas que supuestamente realizan bancos y organismos públicos para verificar datos, corregir inconvenientes o solicitar códigos de seguridad.

“No hay ninguna compañía que se comunique vía teléfono o un banco que se comunique para corregir alguna situación o comprobar códigos de seguridad o desde Pami o desde Anses”, advirtió.

Por eso, recomendó desconfiar de las comunicaciones inesperadas, incluso cuando la persona que llama conoce información personal y utiliza un discurso profesional. No compartir contraseñas, claves ni códigos de verificación y cortar la comunicación para contactar directamente a la entidad por sus canales oficiales son medidas fundamentales para evitar caer en la trampa.

Pero el especialista considera que cargar toda la responsabilidad sobre los ciudadanos implica dejar intactas las condiciones que permiten que estas organizaciones sigan funcionando. “Primero es erradicar este problema con medidas de seguridad internas. Después aplicar políticas públicas que hagan que el reo o el condenado cumpla la condena sin privilegios. Y tercero, políticas claras para cuidar al ciudadano”, sintetizó.

Finalmente, reclamó una mayor intervención de los distintos niveles del Estado para abordar una modalidad delictiva que combina fallas de seguridad, circulación ilegal de información y vulnerabilidad social. “La empatía que tienen que tener los gobiernos, ya sean municipales, provinciales y nacional, con respecto a estas problemáticas y legislar en función de que esto tenga sanciones duras”, concluyó.

Los call center tumberos muestran una cara cada vez más compleja del delito: organizaciones que pueden operar a kilómetros de sus víctimas, sin necesidad de salir de una celda y utilizando información que circula en el mundo digital. Del otro lado de la línea, una persona cree estar hablando con alguien que quiere ayudarla. En realidad, puede estar atendiendo a una estructura que ya conoce su identidad, sabe cómo ganarse su confianza y tiene un único objetivo: convertir esa conversación en dinero.