El Senado aprobó la reforma laboral con 42 votos a favor y la envió a Diputados

El Senado de la Nación dio un respaldo contundente al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno de Javier Milei, con una votación de 42 a 30 a favor. Esta iniciativa, considerada por el oficialismo como importante para promover la creación de nuevos empleos y criticada por la oposición como una quita de derechos, fue aprobada tras una extensa sesión que comenzó a las 11:13 y finalizó pasada la madrugada.

Tras su aprobación en el Senado, la ley será remitida a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo aspira a que se vote antes del 27 de febrero, según informaron fuentes parlamentarias. El apoyo provino de diversas fuerzas políticas, entre ellas Libertad Avanza, el radicalismo, el PRO y varios bloques provinciales como Independencia, Frente Social de la Concordia y Provincias Unidas.

El oficialismo contó con el respaldo de los gobernadores de Salta, Tucumán, Chubut, Neuquén, Corrientes, Córdoba y Misiones, lo que reforzó la base política para avanzar en la sanción de esta ley, que se suma a otras iniciativas recientes como la aprobación del Presupuesto 2026 y la ley Bases de 2024.

Uno de los puntos centrales fue el mantenimiento de los aportes solidarios obligatorios que los sindicatos cobran a trabajadores no afiliados, aunque con un tope del 2%. También se conservarán los aportes obligatorios a las cámaras empresarias, limitados al 0,5% mensual.

Otra modificación decisiva fue la eliminación del artículo que reducía la alícuota del Impuesto a las Ganancias del 35% al 31%, un tributo coparticipable. Esa concesión permitió asegurar el acompañamiento de varios gobernadores.

En cuanto a las billeteras virtuales para el pago de haberes, el pedido del Pro y de Federico Sturzenegger de incorporarlas en la ley no prosperó. La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, indicó que el tema se resolverá mediante reglamentación del Banco Central.

Respecto al financiamiento del Instituto Nacional del Cine (INCAA), se decidió mantener hasta 2028 el sistema actual basado en porcentajes de la venta de entradas y otros ingresos, para luego continuar con partidas del Presupuesto Nacional.

Durante el cierre del debate, Patricia Bullrich, presidenta de la bancada de Libertad Avanza, defendió con vehemencia la reforma y criticó la legislación laboral vigente, calificándola de "obsoleta" y que mantiene al país "anclado en el pasado". Para Bullrich, el crecimiento económico depende de dinamizar el sector privado, no de expandir el Estado.

En contraste, desde la oposición, el presidente del interbloque peronista, José Mayans, calificó el proyecto como "inconstitucional" y aseguró que "va a fracasar", argumentando que viola el artículo 14 bis de la Constitución y el Pacto de San José de Costa Rica, además de afectar a 41 leyes en un solo día de tratamiento.

Anabel Fernández Sagasti calificó de “desfachatez” los argumentos oficialistas y afirmó: “Se han arrodillado ante la caja de los gobernadores, ante los bancos, ante la CGT”. También señaló: “Lo único que hacen con esta ley es manotearle la plata a los jubilados y la dignidad a los trabajadores”. A su turno, Carolina Moisés consideró que el proyecto “no viene a mejorar nada”, aunque cuestionó a su propio espacio por no haber presentado una alternativa superadora.

El senador libertario Juan Cruz Godoy afirmó que el proyecto busca facilitar acuerdos entre empleadores y trabajadores para superar el temor a litigios laborales, mientras que el peronista Mariano Recalde criticó la norma por no estar orientada a generar empleo y por retroceder en derechos laborales históricos.

La senadora radical Carolina Losada destacó que la reforma traerá más inversión, empresas y mejores jubilaciones al aumentar la formalidad laboral, aunque el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que financiará despidos con aportes de empresas grandes y pymes, generó cuestionamientos incluso dentro del oficialismo.

En total, participaron en la discusión general 32 senadores y 10 jefes de bloque en el cierre, en una sesión que reflejó la tensión política alrededor de una ley que el gobierno de Javier Milei considera clave para su agenda económica y laboral.