A horas del desalojo en José Hernández: los ocupantes ya retiraron las casas bajo las líneas de alta tensión

Vecinos de la toma de José Hernández aseguraron que ya fueron reubicadas casi la totalidad de las viviendas que se encontraban bajo las líneas de alta tensión que ingresan a la Estación Transformadora, por lo que no sería necesario el uso de la fuerza pública para cumplir con la orden de desalojo que se efectuará este jueves, tras una decisión de la Justicia Federal.

Ante lo inevitable que se vislumbraba el desalojo judicial durante los últimos meses -en una medida que inicialmente fue dispuesta por el Juzgado Federal N°4 en mayo de 2025-, las propias familias fueron reubicando sus viviendas en el último tiempo, algo que fue constatado con un relevamiento en terreno realizado por 0223.

La semana pasada, el juez federal Santiago Martín -que subroga el juzgado a cargo de Alfredo López- confirmó para este jueves 12 de marzo el desalojo de la zona conocida como “franjas de seguridad”, que se extienden a 15 metros a cada lado del eje de las líneas de alta tensión. En esa zona, según la Ley 19.552, están prohibidas las edificaciones, tanto por el peligro que implican para los vecinos como para las instalaciones eléctricas.

“En el último tiempo se fue despejando todo, a partir de conversaciones con la empresa. Debajo de las líneas no queda ninguna casa, antes estaba lleno”, reconoció uno de los vecinos a 0223. La empresa en cuestión es Transba SA, concesionaria de la Estación Transformadora, que en 2023 inició una demanda para lograr el desalojo de ese sector, en el marco del crecimiento del asentamiento en José Hernández.

Se trata de una toma que comenzó al menos en 2022 y que se extiende desde Carlos Gardel hasta San Francisco, entre las proyecciones de las calles San Salvador y Ortiz de Zárate. Se trata de un conjunto de lotes de unas 45 hectáreas, aunque el sector en conflicto involucra alrededor de 4 hectáreas.

En ese lugar, 0223 constató el retiro de las viviendas, al menos en el sector más cercano a la Estación Transformadora, en un predio que se extiende por unos 3 kilómetros. Al costado de la franja de seguridad se observan escombros de algunas casas que fueron derrumbadas, mientras que los ocupantes se replegaron hacia terrenos ubicados por fuera de ese perímetro de 15 metros a cada lado de las líneas de alta tensión.

Según precisaron habitantes del sector, pueden quedar terrenos tomados, pero ya no hay viviendas dentro de la franja de seguridad. Asimismo, se puede observar que las calles paralelas a Gardel y que cruzan el barrio internamente también fueron liberadas y ya pueden transitar vehículos, donde antes había pasillos angostos utilizados únicamente para el tránsito peatonal.

Independientemente de una situación que a priori parece resuelta, este jueves se efectuará el operativo de desalojo, que estará a cargo de la Policía Federal, al tratarse de un conflicto bajo la órbita de la Justicia federal.

El reclamo por la reubicación de las familias

Según lo dispuesto por el juez Martín, en caso de ser necesario el desalojo de familias, organismos nacionales, provinciales y municipales deberán intervenir para procurar la relocalización de los habitantes, especialmente en los casos en que haya menores de edad, con el objetivo de reducir el impacto social del operativo.

Precisamente, la demora en el avance de la causa durante estos tres años se debió principalmente a la forma en la que el Estado respondería al conflicto habitacional que existe de trasfondo. Durante todo el proceso, las respuestas de Nación, Provincia y Municipio fueron esquivas en cuanto al deber de garantizar el derecho al hábitat. El caso expone aún más al Instituto de la Vivienda de la Provincia, ya que el principal lote donde se desarrolla la toma es de su propiedad.

En este marco, y tras confirmarse la orden de desalojo, el Ministerio Público de la Defensa, a través de la Defensoría Pública de Menores, hizo una presentación ante el Juzgado Federal N°4 poniendo el foco en la especial atención que deberá procurarse para cumplir con la relocalización de las personas afectadas, en caso que las hubiera, y solicitó precisiones al respecto.

Esto último, considerando no solo que es difuso el compromiso de los organismos estatales convocados, sino que incluso “no se ha identificado un nuevo predio, no se ofreció logística para el traslado, ni otros recursos materiales ni humanos para enfrentar la emergencia y garantizar el abrigo de los menores”.