Ordenan desalojar y remover las casas bajo las líneas de alta tensión en la toma de José Hernández

La Justicia federal dispuso que el próximo 12 de marzo se realice el desalojo de las viviendas instaladas en las franjas de seguridad de las líneas de alta tensión en la toma ubicada en el barrio José Hernández, uno de los sectores más conflictivos del asentamiento que creció en los últimos años en la zona.

La medida fue ordenada en el marco de la causa iniciada por la empresa concesionaria de la Estación Transformadora ubicada en Carlos Gardel y San Salvador, Transba, y tramita ante el Juzgado Federal Civil y Comercial Nº4 de Mar del Plata, que se encuentra subrogada por el juez Santiago Martín, en una causa llevada adelante durante tres años por su par Alfredo López, de licencia.

Según el oficio judicial, el operativo de lanzamiento y posterior remoción de construcciones y escombros deberá realizarse ese día entre las 8 y las 12 del próximo jueves, con intervención de la Policía Federal Argentina en caso de ser necesario para garantizar la seguridad de las personas involucradas. La convocatoria de la fuerza nacional en lugar de la Policía Bonaerense, como así también la tramitación de la causa por la Justicia Federal, se debe a la condición que tiene Transba en tanto prestadora de un servicio público e integrante del Sistema Argentino de Interconexión.

Lo que en términos judiciales se presenta como “remoción de construcciones y escombros”, en la práctica implica demoler y retirar o desarmar las viviendas levantadas en ese sector para dejar liberado el espacio.

El desalojo no alcanza a todo el asentamiento sino específicamente a las viviendas levantadas dentro de las franjas de seguridad de las líneas de alta tensión, una zona considerada de riesgo por la infraestructura eléctrica que atraviesa el predio. La concreción del desalojo presenta múltiples conflictos, ya que en el sector se encuentran instaladas familias desde hasta hace cuatro años, con viviendas que algunos casos incluso son de material.

La Ley 19.552 y diversas normativas del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre) establecen restricciones y limitaciones al uso del dominio por parte de sus propietarios y ocupantes, como la prohibición de construcción, la quema de pastizales, la plantación de árboles de más de 3,6 metros y el desarrollo de actividades deportivas en la llamadas “franjas de seguridad”, que abarcan una zona de 15 metros a cada lado del eje de las líneas de alta tensión.

La orden de desalojo pesa sobre dos de los cuatro terrenos involucrados, uno propiedad del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires y otro privado. La zona alcanza justamente los 30 metros de anchos de las franjas de seguridad por 1,3 km de longitud, que van desde la proyección de la calle Bragado a Javier San Francisco, con una superficie próxima a las 4 hectáreas.

La cantidad de familias alcanzadas es incierta, ya que un reciente informe de la Policía Federal realizado con drones, se enfocó en la totalidad de los predios involucrados y no solo en las zonas linderas a las líneas de alta tensión. En esas casi 45 manzanas se detectaron unas 250 viviendas -muchas de ellas de material- con una estimación de unos mil habitantes, una cancha de fútbol, un salón de fiestas y diversos comercios.

De acuerdo al documento judicial, el operativo también podrá contar con la participación de un cerrajero y de personal de Zoonosis y Bienestar Animal del municipio en caso de que haya animales en los terrenos. Los oficiales de justicia tendrán facultades para requerir asistencia de la fuerza pública, ingresar a las viviendas y disponer la remoción de estructuras para cumplir con la medida.

La Justicia reclama a los gobiernos la relocalización de las familias

En mayo del año pasado, el juez López ya había dispuesto una primera orden de desalojo, que fue apelada por la Defensoría Pública Oficial, en resguardo de la situación de los menores que viven en la toma. A fines de diciembre, la Cámara Federal de Apelaciones convalidó el lanzamiento, aunque hizo especial hincapié en la necesidad de relocalizar a las familias afectadas.

En ese marco, la resolución del Juzgado Federal N°4 establece que organismos nacionales, provinciales y municipales deben intervenir para procurar la relocalización de las familias afectadas, especialmente en los casos en que haya menores de edad, con el objetivo de reducir el impacto social del operativo.

La causa se inició a comienzos de 2023 de parte de la concesionaria Transba, quien pidió el desalojo de las familias ubicadas bajo las líneas de alta tensión, en un momento donde la toma recién comenzaba a crecer. Desde un primer momento, el juez López dispuso distintas instrucciones hacia el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación –hoy Capital Humano-, el Instituto de la Vivienda bonaerense -doblemente involucrado por además ser propietario del principal predio bajo conflicto- y a la Municipalidad de General Pueyrredon, para encontrar una solución habitacional. En todo momento, las respuestas fueron esquivas, tanto a nivel nacional durante las gestiones de Alberto Fernández y Javier Milei, como a escala provincial con Axel Kicillof y local con Guillermo Montenegro.

La toma de terrenos en la zona de José Hernández se consolidó con el paso del tiempo y llegó a reunir a más de mil personas, según relevamientos realizados durante la investigación judicial. Dentro del predio conviven distintos sectores de ocupación, pero uno de los puntos más sensibles es el que se ubica debajo de las líneas de alta tensión de la estación transformadora, donde se levantaron viviendas pese al riesgo eléctrico. Ese sector es el que ahora quedó bajo la orden de desalojo que deberá ejecutarse la semana próxima.