La Justicia determinó que el predio donde funcionará un bar no forma parte del Faro de la Memoria

La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº10 de Delitos Económicos determinó que el predio donde se instalará un establecimiento gastronómico no forma parte del Faro de la Memoria donde en la última dictadura cívico militar funcionó un centro clandestino de detención.

De acuerdo a la sentencia a la que tuvo acceso 0223, los fiscales Juan Pablo Lódola y David Bruna resolvieron que el bar y destilería de gin que habilitó el Conejo de General Pueyrredon mediante la Ordenanza N° 26.400 para funcionar en la rotonda de El Faro "es un inmueble distinto identificado catastralmente como Circunscripción IV Sección y Fracción I Parcela 1 Matrícula 239878, y no forma parte del predio aludido en la Ordenanza 15.095 que declara sitio histórico al espacio que ocupó la ex Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina ESIM, y a su vez agregado en el Anexo 1 de la Ordenanza 10.075".

En el escrito, los fiscales precisaron que el denominado "Faro de la Memoria" se encuentra identificado catastralmente como Circunscripción IV, sección Y, fracción I, parcelas 4 y 5, y efectivamente es un lugar histórico nacional conforme Ley 27127, siendo que mediante la Ley 13836 se incorpora al patrimonio cultural de la Provincia de Buenos Aires.

"Como puede apreciarse con meridiana claridad, si bien son inmuebles aledaños, el que resulta objeto de la Ordenanza cuestionada no consta que registre impedimentos legales para su disposición por parte de la Municipalidad de General Pueyrredón, más que los propios del proceso administrativo que justamente se observan en el expediente", concluyeron Lódola y Bruna.

El fallo de la Justicia tuvo lugar después de que el Ministerio Público Fiscal ordenara a fines de septiembre abrir una investigación y rechazar la medida cautelar de no innovar solicitada por un grupo de vecinos para frenar el proyecto en el marco de la causa donde denunciaron penalmente a 15 concejales por la aprobación de una ordenanza.

Si bien el proyecto había sido presentado por el propio Ejecutivo municipal, en la denuncia fueron apuntados los concejales Agustín Neme, Guillermo Volponi, Cristian Beneito, Julián Bussetti, Florencia Ranellucci y Mercedes Morro (Vamos Juntos, el bloque que responde al Pro); Marina Sánchez Herrero, Marianela Romero, Daniel Núñez, Gustavo Pujato y Ricardo Liceaga Viñas (UCR); Angélica González y Guido García (Coalición Cívica); y Cecilia Martínez y Emiliano Recalt (La Libertad Avanza), quienes el pasado 8 de agosto aprobaron la ordenanza que habilitó la instalación del bar en cuestión.

A todos ellos se les endilgaban los presuntos delitos de abuso de autoridad, administración fraudulenta y defraudación a la administración por la sanción de la Ordenanza 26.400 que autorizó el permiso de uso y ocupación con carácter precario a la Asociación Vecinal de Fomento Faro Norte, en una parte de la parcela de una hectárea de dominio fiscal municipal ubicada en Avenida de los Trabajadores 5700, en la rotonda de El Faro, donde a su vez se habilita que la entidad ceda el uso del predio a la firma Burbarrel SA -más conocida como Gin Restinga- para la instalación de un negocio gastronómico.

En tanto, a la presidenta de la entidad vecinal, Andrea Trueba, y a la prosecretaria Rebeca Mosqueda, se las señalaba por presunta administración fraudulenta y defraudación a la administración. Este último delito también se le endilgaba a Burbarrel SA y a sus autoridades, además de cohecho.