"El sector está en una situación terminal": prestadores de discapacidad denuncian que la ley de emergencia no se cumple

Instituciones que cierran, transportes que dejaron de llevar personas a sus terapias y profesionales que abandonaron el sector porque no pueden sostenerse económicamente. Ese es el panorama que describió este jueves Jesica Machado, representante de Prestadores de Personas con Discapacidad, durante una conferencia de prensa convocada para visibilizar la crisis que atraviesa el sector.

"La conferencia tiene como objetivo comunicar claramente, desde todos los sectores que integramos al sector de discapacidad, la crítica situación que estamos atravesando y la vulneración permanente de derechos", arrancó Machado. Y fue contundente: "Lo que sentimos es que hay una decisión sistemática y política de incumplir derechos a las personas con discapacidad".

Según la referente, la crisis viene de larga data pero se agravó de forma acelerada en los últimos años hasta un punto en que ni siquiera la ley de emergencia alcanza para cubrir el daño acumulado. "Está sancionada, pero en la aplicación real no se ve", denunció. A eso se suma un recorte presupuestario del 25% y una nueva iniciativa que el gobierno enviaría al Congreso bajo el título de "fraude de las pensiones". Para Machado, ese enfoque es parte del problema: "Se pone el foco en las personas con discapacidad, y no en todos los fraudes que tiene el sector, que no son parte de las personas sino de las políticas públicas".

Las consecuencias concretas son visibles en el día a día. Los terapistas migraron hacia otras profesiones que les permiten un sustento mínimo. Los transportes que llevaban a personas a sus tratamientos dejaron de funcionar. Y las familias, en muchos casos, quedaron sin cobertura ni respuesta.

Sin diálogo y con más recortes en el horizonte

Consultada sobre si esperan alguna respuesta del gobierno, Machado fue directa: "De parte del gobierno nunca ha habido una intención real de generar un diálogo, de escuchar realmente al sector. Siempre se pone el foco en que hay fraude, que hay que hacer auditorías, como si el problema fueran las personas con discapacidad".

En ese marco, mencionó el caso de Diego Spagnuolo en la Agencia Nacional de Discapacidad y apuntó contra el ministro de Salud Mario Lugones, propietario de una prepaga, quien impulsaría la nueva ley. La iniciativa incluiría dos puntos que el sector rechaza de plano: la auditoría total de las pensiones con la restricción de que quienes las perciban no puedan trabajar, y la desregulación del nomenclador, lo que eliminaría el piso mínimo de cobertura y obligaría a cada familia a negociar en forma privada con obras sociales y prepagas.

"Lo que está sucediendo es que hay muchas personas que ya están viendo el deterioro de su calidad de vida y, en muchos casos, de su vida", advirtió Machado. "Una persona con discapacidad no puede esperar tiempos burocráticos", concluyó.