Emergencia en Discapacidad: a un año de la sanción, denuncian que "sigue ausente la respuesta del Estado"

A un año de la sanción de la Ley de Emergencia en Discapacidad, desde Prestadores Unidos Mar del Plata emitieron un comunicado para visibilizar la crisis del sector, advertir que "los incrementos acumulados apenas alcanzaron aproximadamente $3.000 por prestación" y exigir "políticas públicas, gestión, conducción y organismos que funcionen".

En el inicio de la publicación del organismo, explicaron que "hace un año, el Congreso de la Nación reconoció oficialmente lo que las personas con discapacidad, sus familias, las instituciones y los prestadores" denunciaban hace tiempo, que "el sistema de discapacidad estaba en emergencia".

Sin embargo, cuestionaron que no se registraron cambios desde entonces y que "la emergencia continúa" porque "la respuesta del Estado continúa ausente".

En esa línea, sostuvieron que "la ley establecía la necesidad de recomponer el financiamiento del sistema, reparar el profundo atraso del nomenclador y recuperar el poder adquisitivo perdido durante años para, recién a partir de allí, comenzar con las actualizaciones periódicas".

"Esa recomposición nunca ocurrió. El atraso histórico jamás fue reparado. En su lugar, durante los últimos seis meses, los incrementos acumulados apenas alcanzaron aproximadamente $3.000 por prestación, una cifra absolutamente insuficiente frente al crecimiento sostenido de salarios, alquileres, servicios, cargas sociales, seguros, insumos y costos operativos que deben afrontar quienes sostienen diariamente las prestaciones", aclararon desde la entidad.

Asimismo, manifestaron que "no se puede hablar de recuperación cuando el incremento acumulado en medio año equivale a una suma que no modifica en absoluto el atraso estructural del sistema" y advirtieron que, a pesar de que la legislación contemplaba "mecanismos de compensación económica para prestadores" y "miles de profesionales realizaron las presentaciones exigidas", todavía "esas compensaciones continúan sin efectivizarse".

En ese panorama, aseguraron que los prestadores hicieron su parte, pero "el Estado aún no", mientras que "la realidad cotidiana es exactamente la misma, las autorizaciones se demoran, las prestaciones son recortadas sin fundamentos clínicos y los pagos se realizan fuera de término".

"Numerosos prestadores reciben como única respuesta por parte de distintas obras sociales que los fondos aún no han sido transferidos por los organismos correspondientes, prolongando una incertidumbre que vuelve a recaer exclusivamente sobre quienes sostienen los tratamientos", añadieron los referentes de la asociación que nuclea a profesionales de la salud.

En este punto, reclamaron que una vez más "las familias son las que esperan, los profesionales los que financian el sistema y las personas con discapacidad quienes soportan las consecuencias", y señalaron que "la discapacidad no necesita únicamente pequeñas actualizaciones mensuales", sino que requiere de "políticas públicas, gestión, conducción y organismos que funcionen".

En esa línea, desde Prestadores Unidos contemplaron que "hace un año se reconoció oficialmente la emergencia", aunque esa crisis "sigue siendo sostenida por las familias, las instituciones y los prestadores", y no por "políticas públicas, los organismos responsables ni por quienes tienen la obligación de garantizar los derechos de las personas con discapacidad".

"Las leyes no cambian la realidad por el solo hecho de ser sancionadas, cambian cuando existe voluntad de cumplirlas. Y cuando esa voluntad falta, quienes pagan las consecuencias son siempre los mismos: las personas con discapacidad, sus familias y quienes sostienen diariamente el sistema", expresaron.

"La discapacidad ya no necesita más diagnósticos, necesita decisiones", concluyó el extenso comunicado a un año de la sanción de la Ley de Emergencia en Discapacidad.