Alertan que la desregulación inmobiliaria puede disparar las estafas y afectar a compradores e inquilinos

El proyecto de ley que impulsa el gobierno de Javier Milei para modificar el régimen del corretaje volvió a encender la polémica entre los colegios profesionales. Mientras la iniciativa busca flexibilizar los requisitos para ejercer la actividad y eliminar restricciones vinculadas a la matriculación, desde el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Mar del Plata advirtieron que la propuesta pondrá en riesgo a quienes compran, venden o alquilan inmuebles y anticiparon una fuerte disputa judicial si avanza en el Congreso.

En diálogo con Radio Extra 102.1, la vicepresidenta de la entidad, Verónica Berasueta, sostuvo que la discusión "ya está instalada con mucha más fuerza que el año pasado" y cuestionó que el proyecto pretenda modificar el Código Civil y derogar parte de la legislación vigente, pese a que las matrículas profesionales son reguladas por las provincias.

"Hay un problema constitucional muy importante sobre cómo se llevaría adelante esta desregulación. La matrícula corresponde a cada provincia y no es un tema que pueda resolverse simplemente con una ley nacional", afirmó.

El proyecto promovido por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado establece que para ejercer el corretaje bastaría con ser mayor de edad y contar con título secundario, elimina la exigencia de matrícula obligatoria y título de martillero o corredor, habilita la participación de personas jurídicas y busca liberalizar honorarios y comisiones, entre otros cambios.

"El mercado ya está desregulado"

Para Berasueta, uno de los argumentos oficiales parte de un diagnóstico equivocado. "Nosotros insistimos en que el mercado ya está desregulado. Cualquier persona puede elegir trabajar con una inmobiliaria o negociar directamente con el propietario. Lo que cambia con este proyecto es que se habilita a intervenir a personas que no estudiaron ni son profesionales para manejar el patrimonio de otros."

Según explicó, la intervención de corredores matriculados ofrece garantías que desaparecerían si la actividad deja de estar regulada por los colegios profesionales. "Cuando alguien actúa mal existe un tribunal de disciplina, hay sanciones y muchas situaciones se resuelven mediante mediaciones antes de llegar a la Justicia. Si desaparece ese control, todos esos conflictos terminarán en la Justicia ordinaria, con procesos mucho más largos y costosos", señaló.

"Van a prosperar las estafas"

La dirigente aseguró que la principal consecuencia recaerá sobre los particulares y no sobre las inmobiliarias. "Cualquiera va a poder hacer negocios inmobiliarios y van a prosperar las estafas. Quien va a quedar indefenso es el ciudadano que pone en juego el patrimonio de toda su vida."

En ese sentido, remarcó que "las inmobiliarias vamos a seguir funcionando", pero advirtió que el escenario será mucho más riesgoso para quienes contraten servicios sin respaldo profesional. "Se viene una batalla muy complicada y el único afectado será el particular, porque frente a una estafa terminará envuelto en juicios interminables", sostuvo.