Prisión preventiva a acusado por trata de personas con fines de explotación sexual

Lo resolvió el Juez Santiago Inchausti por un plazo de noventa días. La víctima estaba en una situación de extrema vulnerabilidad. Se dispuso el embargo de cinco inmuebles y tres vehículos.

Lo resolvió la Justicia Federal.

21 de Septiembre de 2026 18:00

Por Redacción 0223

PARA 0223

La fiscal federal Laura Mazzaferri, cotitular del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Mar del Plata, formalizó la imputación y promovió el dictado de la prisión preventiva para un hombre acusado de haber recibido y acogido, al menos desde 2016 y hasta el 5 de septiembre pasado, a una mujer que atravesaba múltiples condiciones de vulnerabilidad, con la finalidad de explotarla sexualmente.

De acuerdo con la investigación, el acusado habría ejercido violencia y abusado de su situación de vulnerabilidad para someterla a explotación sexual, incluso durante un embarazo y también le habría suministrado estupefacientes y la habría sometido a abusos sexuales y lesiones de gravedad.

La fiscal federal Laura Mazzaferri y la auxiliar fiscal Diana Arias durante la audiencia de formalización del caso de trata de personas. Foto: Belén Cano / MPF

Como consecuencia de los abusos sexuales sufridos en el contexto de explotación, la mujer habría quedado embarazada y, durante su internación hospitalaria, se le practicó una interrupción voluntaria del embarazo (IVE), de acuerdo con el protocolo vigente.

En la audiencia de formalización ante el juez federal de Garantías Santiago Inchausti, Mazzaferri, a cargo de la Oficina de Criminalidad Económica, Trata de Personas y otros Delitos Complejos solicitó que se impusiera la prisión preventiva por 90 días y que se estableciera un término similar para el desarrollo de la investigación.

La fiscalía calificó la conducta atribuida al hombre como constitutiva del delito de trata de personas con fines de explotación sexual, agravado por haber mediado violencia, por el aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de la víctima, por encontrarse embarazada y por haberse consumado la explotación.

El operativo lo hizo Prefectura Naval Argentina. (Foto: archivo ).

Además, se le atribuyeron los delitos de lesiones graves; abuso sexual con acceso carnal agravado por haber causado un grave daño a la salud física y mental de la víctima; y suministro oneroso de estupefacientes agravado por haber sido cometido en perjuicio de una mujer embarazada y mediante violencia.

La investigación se inició el 9 de septiembre, a partir de una declinación de competencia de la justicia provincial luego del relato de una joven que recibió atención en el Hospital Interzonal de Mar del Plata donde refirió haber atravesado situaciones de abuso sexual, lesiones y explotación sexual. El miércoles pasado por la noche se realizaron tres allanamientos y se libraron, además, dos órdenes de presentación en locales comerciales cuyos inmuebles serían propiedad del principal investigado, quien, en ese contexto, fue detenido. Los procedimientos estuvieron a cargo de la Prefectura Naval Argentina, con intervención de la Coordinación Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas del Delito de Trata de Personas.

De acuerdo con la reconstrucción realizada hasta el momento, el imputado habría explotado sexualmente a la mujer con otros hombres de su entorno, se habría quedado con el dinero entregado por los clientes prostituyentes y, a cambio, le habría suministrado estupefacientes. También habría percibido y retenido los beneficios sociales correspondientes a la víctima.

El allanamiento fue la semana pasada.

Mazzaferri solicitó el secuestro preventivo y embargo de tres automóviles y el embargo de cinco inmuebles que habían sido allanados y de los que el imputado sería el verdadero propietario. También requirió la inhibición general de bienes y el bloqueo de las cajas de seguridad, cuentas bancarias y billeteras virtuales de su titularidad: el magistrado hizo lugar a la totalidad de las medidas.

“Es importante remarcar la importancia que poseen estas medidas de carácter patrimonial en pos de la reparación robusta de las víctimas”, concluyó la fiscal en su pedido.

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