Matrimonios falsos y trámites por hasta US$30 mil: los acusan de integrar una red que facilitaba la inmigración ilegal

La Fiscalía Federal solicitó la elevación a juicio de cuatro personas acusadas de integrar una organización que, según la investigación, habría facilitado desde Mar del Plata la permanencia irregular de ciudadanos extranjeros en Argentina a cambio de dinero. Entre las maniobras investigadas aparecen matrimonios simulados, domicilios falsos y supuestas relaciones laborales inexistentes.

El pedido fue realizado por los fiscales federales Santiago Eyherabide, Alejandra Mángano y Santiago Marquevich, del Área de Transición de la Unidad Fiscal Mar del Plata, la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) y la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO), respectivamente.

La presentación fue realizada ante el juez federal Santiago Inchausti, a cargo del Juzgado Federal N°3 de Mar del Plata. Los acusados son una mujer de origen sirio, un ciudadano tunecino, otro marroquí y un argentino. La investigación sostiene que habrían desarrollado las maniobras entre 2022 y noviembre de 2025.

Qué se les atribuye

De acuerdo con la acusación, la mujer siria, identificada en la causa como H.H., de 53 años, sería considerada autora del delito de promoción o facilitación de la permanencia ilegal de extranjeros en el país con el objetivo de obtener un beneficio económico, agravado por tratarse de una actividad habitual.

El ciudadano tunecino H.A., de 33 años, y el marroquí A.N., de 51, fueron señalados como partícipes necesarios, mientras que el argentino W.A.T., de 62 años, fue considerado partícipe secundario.

Según la Fiscalía, la organización habría utilizado diferentes mecanismos para dar una apariencia de legalidad a situaciones migratorias irregulares. Entre ellos se mencionan matrimonios ficticios, domicilios conyugales falsos y relaciones laborales inexistentes, además del ingreso de personas por pasos fronterizos no habilitados.

La investigación también determinó que integrantes del grupo mantenían comunicaciones con personas radicadas en Medio Oriente, quienes funcionarían como contactos para coordinar el ingreso de extranjeros y otras gestiones vinculadas a los trámites migratorios.

Ofrecían trámites por hasta 30 mil dólares

Uno de los principales elementos incorporados a la investigación son las conversaciones telefónicas analizadas por los investigadores.

Según la Fiscalía, la mujer de origen sirio habría ofrecido distintas alternativas, legales e ilegales, para conseguir la residencia o ciudadanía argentina a cambio de sumas que oscilaban entre los 25.000 y los 30.000 dólares.

También se le atribuye haber administrado uno de los inmuebles utilizados para recibir y alojar a extranjeros y haber acompañado a ciudadanos turcos en trámites migratorios para renovar sus residencias precarias, por los que habría recibido dinero.

Al ciudadano tunecino, en tanto, se le atribuye haber asesorado a otras personas sobre los requisitos y montos necesarios para acceder a una visa de inversionista. Además, la investigación sostiene que habría simulado un matrimonio con una mujer argentina para obtener la residencia y posteriormente la ciudadanía.

El acusado de origen marroquí habría aportado un inmueble ubicado en Mar del Plata, que fue alquilado a dos hermanos extranjeros. También habría actuado como testigo en uno de los matrimonios investigados y figurado como empleador de uno de los inmigrantes para otorgarle una apariencia de regularidad laboral.

Por su parte, al ciudadano argentino se le atribuye haber sido testigo en otro matrimonio simulado y haber mantenido comunicaciones con los demás integrantes de la organización.

Los fiscales también solicitaron el sobreseimiento de una mujer argentina de 46 años que se había casado con uno de los inmigrantes y cuya participación había sido investigada.

Para la Fiscalía, su situación debía analizarse teniendo en cuenta sus condiciones personales y económicas. Según detallaron, se trata de una mujer que quedó a cargo de siete hijos, entre ellos una niña con una discapacidad severa que requiere cuidados permanentes, y que debió sostener económicamente a su familia después de la muerte de su pareja sin haber completado su educación formal.

En ese contexto, los fiscales consideraron que su situación de necesidad y sobrecarga de cuidados la habría dejado en una condición de vulnerabilidad frente al ofrecimiento económico que, según la investigación, le realizaron los acusados.

Además, el Ministerio Público Fiscal solicitó extraer testimonios para profundizar la investigación sobre otro hombre y otras personas que podrían estar vinculadas con las maniobras.