Plaguicidas, ciencia y un sumario: el caso de una investigadora del INTA que genera preocupación

El caso de Virginia Aparicio sumó un nuevo respaldo institucional. La investigadora del INTA en Balcarce, quien enfrenta un sumario administrativo vinculado con su participación en un proyecto internacional SPRINT -dedicado al estudio de la presencia de plaguicidas en personas y ambientes-, recibió un nuevo respaldo en el primer congreso nacional de sociólogas y sociólogos de la Argentina.

El pronunciamiento se conoció luego de la segunda etapa del congreso desarrollado el 24 y 25 de septiembre en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral, en Santa Fe. La iniciativa reúne a la Asociación de Sociólogos de la República Argentina (ASRA), el Colegio de Sociólogos y Sociólogas de la Provincia de Buenos Aires y otras entidades profesionales del país.

El caso de Aparicio

Aparicio es ingeniera agrónoma, investigadora del INTA y del CONICET y desarrolla su actividad científica en la estación experimental agropecuaria de Balcarce. Forma parte de esa institución desde 1997 y desde hace más de dos décadas trabaja en investigaciones relacionadas con suelo, agua y plaguicidas.

El conflicto comenzó a tomar estado público en 2023, cuando el INTA suspendió la presentación de los resultados argentinos del proyecto SPRINT y posteriormente decidió retirar a la institución de la investigación.

El proyecto había sido financiado por la Unión Europea y coordinado internacionalmente desde la universidad de Wageningen. Argentina había sido incorporada como único país participante ubicado fuera de Europa. En el país se realizaron estudios sobre muestras humanas, animales y ambientales, con la participación de 73 voluntarios.

Sumario contra Aparicio

Mientras la investigación continuó en el ámbito internacional y concluyó en 2026, en Argentina se inició un sumario administrativo contra Aparicio. En una carta pública difundida recientemente, la investigadora reconstruyó el desarrollo del conflicto y explicó que, a fines de agosto, el consejo directivo del INTA trató su situación.

Según relató, tomó conocimiento de manera extraoficial, a través de APINTA, de una posible decisión de exoneración. Al momento de difundir su carta, aclaró que todavía no había recibido una notificación formal.

El respaldo de los profesionales a la investigadora

La situación también alcanzó al Congreso de la Nación. Durante septiembre se presentaron en la Cámara de Diputados distintos proyectos vinculados con el caso. Las iniciativas plantean expresar preocupación por la situación de Aparicio, cuestionar el proceso de sumario y la posible exoneración y solicitar información al Poder Ejecutivo sobre las decisiones relacionadas con la participación argentina en SPRINT.

En su declaración, los sociólogos del congreso sostuvieron que “no puede existir ciencia pública si se persigue, censura o disciplina a quienes investigan y comunican resultados incómodos”. A partir de esa posición, reclamó al INTA que garantice el debido proceso, preserve la libertad de investigación y transparente las razones de las decisiones adoptadas.

Para el Congreso Nacional de Sociólogos, el episodio plantea una discusión que excede la situación laboral de una investigadora. Su declaración relaciona el caso con el derecho de la sociedad a acceder al conocimiento, la protección de la salud de las comunidades, el cuidado del ambiente y la responsabilidad estatal de producir políticas públicas basadas en evidencia.

Desde esa perspectiva, las entidades profesionales también vincularon el conflicto con el papel de la sociología y de otras disciplinas científicas en la producción, análisis y comunicación de conocimientos sobre problemáticas que atraviesan a la sociedad.

El pronunciamiento cerró con una definición que resume el eje de la declaración: “No hay desarrollo sostenible sin ciencia pública. No hay ciencia democrática sin libertad para investigar”.