Baja de la edad de imputabilidad: cómo impacta la nueva ley en Mar del Plata y el sistema judicial

La implementación del nuevo régimen de Responsabilidad Penal Juvenil, que establece la punibilidad desde los 14 años, comenzó a regir el sábado y ya tuvo sus primeros efectos en Mar del Plata. 

Según explicó el fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, Dr. Walter Martínez Soto en diálogo con 0223, durante el primer fin de semana no se registró un incremento en el índice de criminalidad respecto de los días anteriores.

En ese período hubo cuatro detenidos, una cifra que el fiscal consideró normal, aunque destacó una diferencia significativa: entre ellos hubo un adolescente de 15 años que, bajo el régimen anterior, habría recuperado la libertad, pero que en esta oportunidad quedó detenido por disposición de la Fiscalía.

La nueva normativa también modifica el alcance del acompañamiento estatal. El fiscal explicó que, ante situaciones de vulneración de derechos,como la exclusión del sistema educativo o la desintegración familiar, ya existía una intervención de organismos municipales y provinciales a requerimiento de la Justicia. Ahora, "ese trabajo se amplía con la incorporación del grupo 'Entramados', que suma trabajadores sociales y educadores para trabajar en la reinserción de los adolescentes y prevenir la reincidencia", reveló.

Más causas y mayor seguimiento para la Justicia

En cuanto a los lugares de alojamiento, por el momento los adolescentes continúan siendo derivados a los mismos espacios utilizados hasta ahora. Martínez Soto explicó que se trabaja en ampliaciones y mejoras de las instalaciones y que, mientras el nivel de detenciones se mantenga, la capacidad actual resulta suficiente. Si los cupos se agotaran, existe un sistema provincial de compensación que permite derivar a los detenidos al establecimiento más próximo a Mar del Plata.

El impacto sobre el sistema judicial, sin embargo, podría ser considerable. El Fuero Penal Juvenil tramita" entre 1.400 y 1.600 causas anuales, que representan aproximadamente entre el 1% y el 1,5% del total de las causas penales iniciadas en Mar del Plata. De ese universo, alrededor del 40% corresponde a causas que continúan adelante por su gravedad", remarcó.

Para el fiscal, el principal desafío estará en el seguimiento de los procesos, las medidas cautelares y el cumplimiento de las penas. “Al ser pocos operadores o efectores en este sistema, hace que sea mucho más complicado el seguimiento”, advirtió, y señaló que esperan un refuerzo de la planta de trabajadores para afrontar la nueva carga de tareas.

El nuevo escenario también plantea interrogantes sobre qué ocurre cuando un adolescente condenado alcanza la mayoría de edad. Martínez Soto explicó que la normativa provincial y nacional contempla distintas situaciones y que, en principio, se busca que quien cometió el delito siendo menor complete la pena dentro del régimen penal juvenil. Si posteriormente comete un delito como adulto, pueden acumularse procesos o penas y, dependiendo de cada caso, el cumplimiento puede trasladarse al sistema penitenciario para mayores.

En ese punto, el fiscal remarcó que no se puede perder de vista la necesidad de separar a adolescentes y adultos privados de la libertad. “No puede haber -hay otra premisa que lo establece la Convención sobre los Derechos del Niño- detenidos adultos con los menores”, sostuvo, al advertir sobre los riesgos de que adolescentes de menor edad compartan espacios con personas adultas.

“El Poder Judicial no es un educador”

Más allá de los aspectos operativos de la nueva ley, Martínez Soto puso el foco en la prevención y en el rol de la sociedad. Consideró que la discusión sobre la baja de la edad de punibilidad debe contemplar que la mayoría de los adolescentes que llegan al Fuero Penal Juvenil no forman parte de organizaciones criminales, sino que muchas situaciones están relacionadas con su desarrollo psicológico y con conductas transgresoras.

En ese sentido, cuestionó que se deposite sobre la Justicia una responsabilidad que excede su función. “No resulta adecuado que se considere semejante misión al Poder Judicial cuando el derecho penal es la última opción que tiene la sociedad como para aplicar una penalidad”, afirmó, y sostuvo que deberían tener mayor peso la prevención, la familia, la escuela y la presencia del Estado en los barrios.

El fiscal también rechazó la idea de que la problemática del delito juvenil esté exclusivamente vinculada con los sectores más pobres. Según explicó, la violencia atraviesa a distintos sectores sociales, aunque se manifiesta de diferentes maneras. Mientras en contextos de mayor exclusión puede aparecer una violencia más extrema, en sectores más acomodados también existen delitos vinculados, por ejemplo, con consumos problemáticos y otras formas de participación en actividades ilícitas.

Finalmente, cuestionó la estigmatización de los jóvenes provenientes de barrios carenciados y advirtió que la sociedad tiende a asociar determinados delitos con la exclusión social. Para Martínez Soto, esa mirada no permite abordar de fondo la violencia: “La sociedad se encarga de enfatizar con algún adjetivo un poco más descalificativo”, señaló, y llamó a no presentar el encarcelamiento de adolescentes como una solución automática al problema.