“Se arrogó facultades del Congreso”: dura crítica de un fiscal a la jueza que suspendió la ley de baja de imputabilidad

A pocos días de la implementación del nuevo régimen penal juvenil que baja de la edad de imputabilidad, la jueza bonaerense María Elba Pascual decidió suspender su aplicación por 60 días en la provincia de Buenos Aires.  La medida generó polémica en distintos puntos, sobre todo en Mar del Plata donde algunos magistrados plantearon que la suspensión no entre en vigencia en la ciudad. 

Al respecto, el fiscal Walter Martínez Soto, fiscal del Foro Penal Juvenil, declaró en diálogo con Extra (102.1): "Tomamos conocimiento de la resolución por medios digitales, ahí vimos que la jueza había suspendido la ley. Nos llamó la atención porque no es la forma de proceder".

Tras leer cada uno de los párrafos de la resolución "todos los fiscales entendimos que es un exceso de jurisdicción por parte de la jueza. Se arrogó facultades legislativas, fue por sobre el Congreso, y realmente no tenía ningún tipo de fundamento. Para el que conoce la ley, esto es una locura", manifestó. 

Desde su análisis, es una resolución "muy localista, con un efecto en toda la Provincia, pero por situaciones particulares que se dan del del departamento judicial de Lomas de Zamora. Hace alguna referencia en particular que podría pasar algo con relación a la estructura de recepción de los chicos detenidos, pero bajo ningún punto de vista puede ser tomado como valido". 

Para el fiscal, esa situación implica una alteración de los límites establecidos dentro la estructura jurídica: "En términos realmente democráticos es similar a una situación de ruptura constitucional, lo cual me parece un hecho grave”, sostuvo.

A esto sumó otro cuestionamiento vinculado con una disputa de competencia entre magistrados. Según explicó, “la jueza se suscita una cuestión de competencia con una colega precedente que no aceptó la competencia que se le estaba otorgando” y, en ese contexto, “en una excepcionalidad, en una circunstancia realmente reñida de los pelos, dicta una resolución donde suspende una ley”.

En esa línea, Martínez Soto remarcó que una ley no puede ser simplemente suspendida por decisión de un magistrado. “Una ley queda derogada por la aplicación de otra ley”, explicó, mientras que las declaraciones de inconstitucionalidad corresponden a casos concretos en los que se analiza la aplicación de una norma.

“Ahora, si pensásemos que los jueces son tan poderosos de dejar sin efecto una ley del Congreso, bueno, sería el dominio del imperio de todos los jueces, y eso precisamente la Constitución es sabia cuando se dictó. Pone límites”, afirmó.

Para el fiscal, el respeto por la división de poderes resulta fundamental y la resolución cuestionada excedería esos límites. Además, consideró que este tipo de decisiones terminan generando confusión entre los ciudadanos. “No sé qué relación subyacente, qué intenciones ocultas hay en todo esto, porque lo único que hace es perjudicar, no sólo al saber de la gente, sino a la imagen del Poder Judicial”, manifestó.

De todos modos, Martínez Soto aclaró que las discusiones jurídicas y las distintas interpretaciones forman parte del funcionamiento normal del sistema. “Es sabido que el común de la gente entiende que la mitad de la biblioteca jurídica dice una cosa y la otra mitad dice otra”, señaló.

“Mientras esté dentro del marco de la legalidad o de la convencionalidad, no nos podemos quejar porque son opiniones y no es dos más dos es cuatro en el derecho, no es una ciencia exacta de estudio”, explicó.

Sin embargo, insistió en que, a su criterio, en este caso se cruzó un límite. “Ahora, esto ya excede todos los límites que hacen al control de constitucionalidad”, afirmó.

Por eso, fue contundente respecto de la vigencia del nuevo régimen penal juvenil: “Entendemos que no es de aplicación absolutamente para nada y se encuentra vigente en el ámbito de toda la provincia de Buenos Aires la ley penal juvenil que entró a regir el día sábado”.

La disputa política y el rol del Poder Ejecutivo

La resolución también generó cruces políticos, especialmente a partir de las críticas dirigidas al gobernador bonaerense Axel Kicillof por la aplicación del nuevo régimen.

Frente a las acusaciones de que desde la Provincia se intentaba frenar una decisión del Gobierno nacional, Martínez Soto rechazó que la discusión deba plantearse en términos partidarios. “En los últimos meses venimos trabajando con el Poder Ejecutivo en este sentido”, explicó. Según detalló, desde el ámbito judicial vienen planteando como preocupación central “los lugares de detención, la coordinación con la policía, que haya un médico cuando se los aprende, que haya lugares obviamente para que sean alojados”.

También destacó la importancia de que esos establecimientos no funcionen únicamente como espacios de encierro. "No sólo debe ser una cárcel, sino que debe haber un seguimiento para la registración social, que lo establece la Convención”, sostuvo.

En ese sentido, rechazó que el debate pueda reducirse "a una cuestión ideológica partidaria" y recordó que la Argentina asumió compromisos internacionales al incorporar la Convención sobre los Derechos del Niño al ordenamiento jurídico con jerarquía constitucional.

“Estos hablan de resocialización, por eso hay un límite en las penas y hay mayor seguimiento de aquel que está cumpliendo una medida cautelar, de una prisión preventiva o de una pena”, reveló.

Para el fiscal, el Estado tiene una responsabilidad que excede la mera detención. En caso de que un menor cometa un delito y corresponda una pena privativa de libertad, “va a ir detenido”, pero el sistema debe respetar las particularidades establecidas para los menores.

“La idea en este punto de la Convención es que no esté 50 años detenido, eso lo prohíbe”, explicó. “Por eso no hay penas a perpetuidad, por eso a veces la gente dice ‘¿pero no te parece poco?’. Lo que pasa es que la Convención lo prohíbe y es algo que hemos asumido como responsabilidad”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que un menor tampoco puede recibir exactamente el mismo tratamiento penal que un adulto. Aunque aclaró que la extensión concreta dependerá de cada proceso.

Martínez Soto cuestionó, además, la forma en que estas discusiones se presentan públicamente. “Me parece que entrar en ese tipo de discusión lo único que hace es plasmar a aquellos que son nuestros representantes, nos toman por tontos en cuanto al conocimiento, a esto le decimos cualquier cosa y compramos cualquier cosa”, expresó.

Por eso, llamó a los ciudadanos a informarse y comprender cómo funciona el sistema institucional. “Es una alerta que nosotros tenemos que tomar como ciudadanos para empezar a instruirnos, conocer”, concluyó.