Biasone se sumó al reclamo de un presupuesto universitario de $11 billones para 2027: “Estamos muy seguros de lo que estamos pidiendo”

Tras el planteo de un presupuesto de $11 billones para el conjunto de las universidades públicas argentinas, la rectora de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP), Mónica Biasone, que además preside la Comisión de Asuntos Económicos del CIN, destacó que el monto fue elaborado después de un proceso de discusión entre las universidades y que busca establecer un piso que permita garantizar el funcionamiento del sistema durante el próximo año.

“No es caprichoso, surge de una gran discusión y es de lo más objetivo para que el sistema pueda seguir funcionando”, sostuvo Biasone en una entrevista con Radio Extra 102.1, al explicar los criterios utilizados para elaborar el cálculo. El proyecto toma como referencia las pautas establecidas por la Ley de Financiamiento Universitario, cuya aplicación continúa siendo reclamada por las universidades. “Para nosotros la ley está vigente. Que no se cumpla es otra cosa”, planteó la rectora.

Biasone explicó que durante los días 20 y 21 de agosto se realizó una reunión con representantes de las áreas económico-financieras de las universidades públicas, con la participación de unas 60 personas, entre asistentes presenciales y virtuales. De ese trabajo surgió un presupuesto que no se limita a contemplar salarios y gastos básicos de funcionamiento. También incorpora programas que fueron discontinuados en los últimos años y que históricamente formaron parte del financiamiento universitario.

Uno de los principales problemas que atraviesan actualmente las casas de altos estudios está vinculado con la relación entre los recursos destinados a salarios y aquellos disponibles para sostener el funcionamiento cotidiano. Según Biasone, un esquema razonable debería destinar aproximadamente 85% del presupuesto a salarios y 15% a gastos de funcionamiento, mientras que actualmente el promedio del sistema se ubica cerca de un 92% y 8%, respectivamente.

“Hay universidades que gastan casi todo lo que les ingresa en sueldos. Algunas tienen una relación de 95 a 5”, explicó. Por ese motivo, el proyecto del CIN contempla también una recomposición de los gastos de funcionamiento.

Pero el reclamo universitario excede el presupuesto específico destinado a las universidades. El CIN también realizó estimaciones sobre becas, infraestructura, ciencia y tecnología y otros programas que considera indispensables para garantizar el funcionamiento integral del sistema. En ese sentido, Biasone cuestionó la situación de las becas Progresar, cuyo monto, según señaló, permanece congelado en $35.000 desde 2023, y advirtió por la paralización de obras de infraestructura. “Tenemos obras paradas donde estamos perdiendo la inversión que se hizo en la ciudad de Mar del Plata y ni siquiera nos atienden el teléfono para decirnos sí o no”, afirmó.

La rectora también puso el foco en el financiamiento de la investigación científica y tecnológica, particularmente en los institutos de doble dependencia entre universidades y organismos como el CONICET o el INTA. “Todo lo que es ciencia y técnica también está frenadísimo”, sostuvo, y remarcó que esos recursos forman parte de las funciones que desarrollan las universidades aunque no necesariamente estén incluidos dentro del programa presupuestario específico destinado a las casas de altos estudios.

El proyecto será presentado ahora ante legisladores nacionales, en una estrategia del CIN para explicar los fundamentos del monto solicitado y buscar que sea incorporado al Presupuesto 2027. El organismo anunció además una presentación pública ante diputados y senadores que deberán debatir la iniciativa.

El reclamo se produce mientras las universidades atraviesan un nuevo período de medidas de fuerza y mientras continúa el conflicto judicial por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Biasone señaló que ya transcurrieron más de 300 días sin que la norma sea aplicada. Mientras tanto, el conflicto continúa en los tribunales. La rectora recordó que el juez que interviene en la causa por el incumplimiento de la ley convocó a una reunión entre el Gobierno y las universidades y posteriormente intimó al Ejecutivo a informar qué medidas estaba adoptando para cumplir con la normativa.