Usurpaciones SA: desde expertos en falsificaciones a “presta nombres” por 200 pesos

Cuatro meses, con la posibilidad de tomarse seis más. Ese es el plazo que tienen la fiscalía de Delitos Económicos para definir la situación de los 23 imputados en la causa en la que se investiga la operatoria de una banda dedicada a ocupar, simular la venta y hacerle juicio a los verdaderos dueños de casas y lotes.

Según confirmaron fuentes de la investigación a 0223, tres son las personas sospechadas de formar una asociación ilícita que incorporaba a más sujetos para fraguar las operaciones inmobiliarias. De acuerdo a los datos que figuran en la instrucción penal preparatoria, Luis Rodríguez y las abogadas Melina Evaristo y Paula Bahlcke son las personas que tendrían un mayor grado de responsabilidad.

De todos los imputados, éstos son los únicos tres a los que la jueza de Garantías Lucrecia Bustos dictó la prohibición de salida del país. La medida fue calificada como excesiva por parte del abogado de una de las profesionales ya que a su entender “no existió en ningún momento la intención de entorpecer la labor de la Justicia”.

En diálogo con este medio, Carlos Minteguiaga detalló que las dos abogadas fueron llamadas a declarar en el marco del artículo 308. Aunque no prestaron testimonial, podrían hacerlo en cualquier momento de la instrucción o aguardar la presentación de un descargo por escrito a la fiscalía. “Hay muchas cuestiones de orden procesal que deben definirse para tener un panorama más claro teniendo en cuenta la complejidad de la causa”, indicó.

Firmo, compro, vendo o falsifico

La reiteración de hechos –al menos dieciocho en seis meses- obligó a la banda a repetir en algunos casos la participación de otros actores. En la causa aparecen distintas denuncias con protagonistas y domicilios cruzados entre sí: quien aparece como comprador en un hecho, es el vendedor o el denunciante en otro.

Un allegado a la investigación le confió a 0223 que al mirar todas las denuncias juntas el accionar es fácilmente detectable. “Una de las personas imputadas aparece en distintos expedientes tramitados ante los Juzgados Civiles y Comerciales 2, 3, 5, 6, 8, 9 y 10 en distintos roles”, señaló.

Sin embargo, la complejidad de la maniobra provocó que algunas personas que aparecían como imputadas terminaran siendo víctimas del accionar de la banda. “Hay un caso en el que un hombre aparecía como involucrado y en realidad se habían realizado algunas maniobras utilizando el documento original que había perdido”, explicó uno de los investigadores.

También hay historias a la inversa, ya que algunos supuestos “compradores de buena fe” que fueron estafados podrían haber estado al tanto de las maniobras y aprovechar ofertas de valor irrisorio para la compra de lotes o viviendas usurpadas.

La pátina de legalidad que lograba la maniobra no hubiera sido posible sin la falsificación o adulteración de documentación en alguna de sus fases. Para esa labor fue fundamental la tarea de un sujeto de más de 60 años encargado de realizar –por sí mismo o por terceros- los documentos apócrifos. El sujeto registra antecedentes por estafa, falsificación de sellos oficiales, uso de documento o certificado falso y uso de documentación adulterada.

En el eslabón más bajo de la asociación están varias personas que prestaban sus nombres para la realización de algunas de las operaciones. Muchos de ellos aparecieron en los últimos hechos investigados y según dijeron en su declaración cobraban desde 200 pesos para aparecer como compradores y luego vendedores de algunos de los lotes o inmuebles usurpados.

En la megacausa a cargo de los fiscales Fernando Berlingieri, Roberto Javier Pizzo y Carlos David Bruna resta establecer –de manera clara- cómo se obtenían los datos que permitían identificar las propiedades a ocupar. Más allá de la sospecha generalizada acerca de que los datos se obtienen de organismos oficiales, se sigue trabajando para definirlo con precisión.