Investigan grupo inversor y secuestran documentación para comprobar estafa millonaria

La denuncia que presentaron al menos catorce personas en la fiscalía de Delitos Económicos dio inicio a una causa en la que se investiga la posible comisión de los delitos de estafas reiteradas y administración fraudulenta por parte de los responsables de un grupo inversor que operaba en Mar del Plata. Aunque los titulares del Grupo Waimea aún no fueron imputados, se los informó de la denuncia en curso luego de los allanamientos que se hicieron en la oficina central y en la vivienda de su propietaria.

Según la información a la que tuvo acceso en exclusiva 0223, hace diez días el fiscal Carlos David Bruna solicitó la realización de allanamientos en la sede del grupo en Diagonal Alberdi al 2600 y en una vivienda en Quintana al 300. Si bien la denuncia inicial apunta a seis personas que se desempeñaban en distintos roles en la ciudad, la mayor responsabilidad caería en los directivos Rita Blaksley y Alexis Dietl. Ambos fueron notificados de la investigación, se pusieron a derecho y aún no fueron imputados.

Con una mecánica similar a la que llevó adelante el “analista de mercados a futuro” Daniel Viglione, la maniobra tenía por objeto captar dinero de inversores  a quienes se los seducía ofreciéndoles altos rendimientos financieros. El mecanismo sería el conocido “esquema Ponzi” y las acciones consistían en pagar importantes intereses a los inversores, con su propio dinero, o con el dinero de otros nuevos inversores.

Esta operatoria provoca que las ganancias que obtienen los primeros inversionistas son generadas por el dinero que ellos mismos aportaron, o por el de otros nuevos inversores, que engañados, caen ante las promesas de obtener grandes beneficios. “Los montos varían y con el avance de la investigación pueden sumarse más damnificados, por lo que se estima que la estafa podría llegar a los cinco millones de dólares”, dijo una de las fuentes consultadas por este medio.

Falta de pagos, mudanza y allanamientos

Los denunciantes radicaron la denuncia luego de que en los últimos meses no pudieran hacerse de los intereses devengados y que resultara imposible –más allá de la promesa inicial- recuperar el capital inicial. En su exposición sostuvieron que la empresa estaba mudando sus oficinas en Diagonal Alberdi y que no se registraba movimiento en el lugar.

Luego de que el juez de Garantías Daniel De Marco autorizara los allanamientos solicitados por la fiscalía, personal de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) allanó ambos domicilios, secuestró un par de computadoras y documentación relacionada con la operatoria del grupo Waimea.

El objetivo de los allanamientos fue evitar la destrucción de papeles denunciada por los damnificados , secuestrar documentación del grupo y establecer la relación de Waimea con Hope Funds S.A.  La firma, investigada  por la Justicia Federal y por la AFIP – es propiedad de Enrique Blaksley,  hermano de una de las mujeres investigadas por la fiscalía de Delitos Económicos.