Elevan a juicio oral la causa por trata de personas en La Posada

La Justicia Federal solicitó la elevación a juicio oral de la causa en la que se investiga la trata de personas en el local conocido como “La Posada”. Como adelantó en su momento 0223, según la investigación, los acusados alojaban en condiciones precarias a gran cantidad de mujeres a las que explotaban sexualmente en el mencionado establecimiento.

El titular del Juzgado Federal 3 de Mar del Plata, Santiago Inchausti, ordenó la clausura de la instrucción en la que permanecen siete personas procesadas. Si bien eran ocho los imputados, el año pasado falleció Juan Carlos Motillo, quien habría estado a cargo de organizar y regentear el prostíbulo.

En la investigación a cargo del fiscal Pablo Larriera, fueron imputados Alicia Acevedo Galeano -expareja de Motillo- quien se encargaría de viajar a Paraguay para reclutar víctimas; María del Carmen Castrege y su esposo Aníbal Soria que serían los financistas de la organización. También serán juzgados cuatro empleados del lugar que cumplían tareas de seguridad, barman y organizadores: Gabriel Carmona, José Aníbal Patroni, Humberto Scarpetta, y Ariel Spaltro.

Según el comunicado oficial del Ministerio Público Fiscal, de las tareas de investigación y como resultado de los allanamientos realizados en 2012, se pudo constatar que en la vivienda de 20 de Septiembre 3532 los imputados alojaban en precarias condiciones a una gran cantidad de mujeres. Las mismas -en su mayoría de nacionalidad paraguaya- eran trasladadas en taxis o combis al local nocturno ubicado en 11 de Septiembre 3030, con el fin de ser ofrecidas sexualmente y posteriormente ser explotadas en el hotel lindero “El Paraíso”, propiedad de la misma organización.

En el marco de la pesquisa, se logró acreditar la conformación de una organización delictiva con división de roles entre sus miembros, “que obtendría importantes beneficios económicos a partir de la explotación sexual de mujeres en situación de vulnerabilidad, las que serían consideradas, en los hechos, como un ‘recurso’ o ‘insumo’ que, desde hacía años, venía siendo ‘importado’, de manera sistemática y en número significativo, desde la República de Paraguay, valiéndose para ese objetivo de la larga experiencia e infraestructura que la propia organización poseía”.

Según el fiscal Larriera, el lugar tenía una aceitada “dinámica de enriquecimiento económico”: “Por año podían llegar a facturar entre cuatro y 4,5 millones de pesos”, sostuvo, siendo que se tiene información que la explotación databa del año 2005, hasta por lo menos agosto de 2008, fecha de los primeros allanamientos.