Alveolite quedó al borde del juicio oral

La situación de Adrián Alveolite, actual secretario de Seguridad del municipio, es complicada. El funcionario fue imputado en mayo del año pasado y tras casi un año de investigación los fiscales de la UFI temática de delitos económicos consideraron que hay elementos suficientes para que la causa por abuso de autoridad y falsificación de instrumento público sea elevada a juicio oral.

Los fiscales David Bruna, Javier Pizzo y Fernando Berlingeri elevaron el pedido de juicio oral a la Justicia de Garantías que ahora será la encargada de avalar el pedido de los fiscales o denegarlo. Junto a Alveolite, que en aquel entonces era subsecretario de Control, también están imputados Gustavo Tonello y Mónica Bargas, inspector general y jefe de departamento de la subsecretaría.

En la resolución, los fiscales señalaron que en julio de 2013 Alveolite, Tonello y Bargas, “de acuerdo a un plan previo”, “dividiéndose sus funciones” y “ejerciendo un codominio del hecho” llegaron hasta el local comercial “Carolina”, ubicado en Garay 1219, y dispusieron su  clausura.

Según los fiscales, los funcionarios conocían la norma que regula las habilitaciones comerciales y estaban al tanto de los detalles de ese comercio, dado que habían tenido en su poder el legajo administrativo. A su vez, todos habían tenido acceso a la información que el organismo que le había otorgado la habilitación había incorporado al sistema informático.

Cuando llegaron al comercio, Tonello y Bargas le pidieron a la propietaria del comercio la habilitación y ella les exhibió la oblea que indicaba que el lugar estaba habilitado hasta el 9 de diciembre de 2015, la misma información que estaba en el sistema informático.

Sin prestarle atención a esos datos, los inspectores argumentaron que “la habilitación estaba vencida  y que la declaración jurada del titular estaba incompleta”. “Abusando de esta manera de la autoridad que le fuera conferida –indicaron los fiscales-, los funcionarios Tonello y Bargas procedieron a la ilegítima clausura e inmediato  desalojo del comercio”.

Para ello elaboraron un acta y la propietaria del comercio fue imputada por infraccionar las normas municipales y debió iniciar un expediente en el Juzgado de Faltas 3. “Posteriormente ambos funcionarios -junto a  Alveolite- y con el fin de dar certeza a las  afirmaciones falsas insertas en el acta de clausura, confeccionaron  y  presentaron  en el  mencionado Juzgado de  Faltas un informe dirigido al juez en el cual consignaron falsamente que de acuerdo a la información que surge del Departamento de Actividades Económicas, Tasas y Derechos Varios la habilitación comercial otorgada oportunamente se encontraba vencida al 9 de diciembre de 2010”, concluyeron.