Mar del plata

16 de Abril de 2015 17:19

Polémica por la caducidad de la concesión de Playa Chica

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El empresario que estaba a cargo de la concesión cuestionó la decisión del gobierno municipal y denunció “maniobras extorsivas”. Desde el Ejecutivo defendieron la caducidad.

Tal como adelantó 0223, el intendente Gustavo Pulti decretó la caducidad del contrato de concesión de la Unidad Turística Fiscal Playa Chica suscripto en el 2007 entre el municipio y el empresario Gerardo Fernández.

Según se refleja en el decreto Nº 589, al cual este medio digital tuvo acceso, el Ejecutivo local afirmó que el empresario incumplió con las obras establecidas en el pliego de bases y condiciones.  “Habiendo vencido todos los plazos previstos en el pliego para la realización de las obras previstas, cuyo cronograma se encontraba desarrollando en 6 años y durante los cuales, además, contó con período de gracia para el pago del canon, el municipio dio cumplimiento a los tópicos previstos en el pliego de aplicación procediendo a reiterar las intimaciones del caso bajo el apercibimiento de aplicar las sanciones previstas en el pliego”, se remarcó en el texto.  

A su vez, se subrayó: “No obstante haber recibido dichas intimaciones, el concesionario no solo no ha dado cumplimiento a las mismas, sino que además ha cometido una seria de infracciones contravencionales, al continuar explotando la Unidad, pese haber merecido una clausura por no contar con la certificación de la habilitación”.

“A la fecha y conforme las sucesivas inspecciones realizadas no se han subsanado las deficiencias edilicias que dieran motivo a su clausura, con el agravante de advertirse una situación de profundización del deterioro generalizado de la Unidad con riesgo para la seguridad pública”,  se añadió en el documento.

Maniobras extorsivas

En declaraciones a 0223, Gerardo Fernández sostuvo este jueves que “las afirmaciones del municipio son absolutamente falsas, porque los inspectores actuantes en las tres actuaciones de Inspección General decidieron efectuar las clausuras solo por falta de exhibición del certificado de habilitación, constando expresamente en las actas que el establecimiento contaba con las condiciones de seguridad e higiene necesarias para funcionar, y no constatándose insuficiencia edilicia alguna”. 

“Informes técnicos elaborados por el arquitecto Luciano Cipponeri, las condiciones edilicias del establecimiento a las que hacía referencia el informe municipal, fueron en su totalidad regularizadas, circunstancia que fue debidamente notificada la comuna, sin que la misma se expida al respecto. Asimismo y según surge del informe técnico redactado por el ingeniero Miguel Varela, el edificio se encontraba en general en condiciones estructurales satisfactorias y en particular, en un pequeño sector en el que se requería una tarea de mantenimiento, se dio cuenta de la realización y terminación de la misma. El mencionado informe tampoco recibió tratamiento por parte de la comuna”, agregó. 

Por otra parte, el empresario manifestó que “el informe en que el decreto de caducidad de la concesión se funda, nunca fue notificado a este concesionario, ni fue en ningún momento objeto de imputación alguna ni fundamento de imposición de multas. Asimismo, el tratamiento que recibió esta UTF resulta completamente desigual respecto del que se brinda a otras UTF, incluso colindantes, las que incurren en incumplimientos de obra de mucha mayor magnitud que los imputados a la UTF Playa Chica, y mayor mora en su cumplimiento, pero no han sido sujetos de sanción alguna y por el contrario, se encuentran habilitadas”.

“En base a las graves irregularidades citadas, interpretó que se trataría de un despojo ilegal de la posesión de la Unidad y del Contrato de Concesión, con el posible objeto de dirigir la misma hacia intereses predeterminados”, aseveró.

Para finalizar, Fernández denunció que “durante la vigencia de la concesión y estando en tratativas con terceros interesados en adquirir la unidad, fui objeto de posibles maniobras extorsivas tendientes a ir envileciendo el precio de la transacción, al compás de las sanciones y clausuras preventivas que se iban imponiendo sobre la Unidad, maniobras que se encuentran debidamente acreditadas a disposición de la Fiscalía”. 

“No cumplió con las obras”

Por su parte, la Directora de Recursos Turísticos del Ente Municipal de Turismo, Mónica Rábano,  explicó que  “en el año 2007 se otorga la concesión de la Unidad a Gerardo  Fernández, por un plazo de 25 años y un canon de $ 10.120, con obligación de ejecución de obra en 6 años durante los cuales no pagó canon en virtud de haber obtenido un plazo de gracia para la ejecución de la obra”.

“Entre las obras propuestas por el entonces concesionario figuraba la construcción de un espigón de aproximadamente 100 metros que permitiría recuperar la playa chica, la recuperación y puesta en valor total de la Unidad y la ejecución de obra nueva para servicios públicos”, recordó la funcionaria en declaraciones a 0223.

A renglón seguido, detalló: “Durante el período determinado por el pliego para la realización de la obra se fue haciendo el seguimiento de las obras que debían ejecutarse, de cuyos informes se desprende que las obras ejecutadas no fueron realizadas en su totalidad de acuerdo a las reglas de calidad establecidas;  no se inició en tiempo y forma, no se avanzó ni se concluyó la obra hidráulica propuesta; no se concluyó la obra edilicia prevista y concluidos los plazos de obra establecidos por ley, este Municipio inicia el procedimiento sancionatorio que establece el Pliego, imponiendo las multas previstas hasta la caducidad de la concesión”.

Al mismo tiempo, indicó que “como consecuencia de las condiciones edilicias precarias y de mantenimiento de las instalaciones, la Dirección de Inspección General procedió a clausurar las instalaciones, con intervención de la Justicia de Faltas Municipales que ratificó lo oportunamente actuado. En forma simultánea a la aplicación de las sanciones, el concesionario recurrió a la Justicia con el objeto de obtener el levantamiento de la clausura y la anulación de las multas impuestas, medidas cautelares que fueron rechazadas”.

“El concesionario concurrió al Honorable Concejo Deliberante, quien luego del debate de rigor resolvió el archivo de su presentación. Con la recuperación de la Unidad por parte de este municipio, se procederá a la realización de un nuevo llamado a licitación pública que permita la revalorización integral del sector”, finalizó Rábano.

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