Manual de estilo golpista

El golpe de Estado contra Evo Morales inició su primera semana. El presidente electo democráticamente en 2014 y cuyo mandato obtenido en 2014 con 63,3 por ciento de los votos termina el 20 de enero del 2020. 

Esto demuestra que, junto al rol de las Fuerzas Armadas, lo ocurrido el domingo 10 de noviembre fue una interrupción del orden democrático  y los pasos realizados para lograrlo son del manual clásico de golpe de Estado.

Caos y salida forzada

El viernes por la tarde, los comité cívicos intensificaron su ofensiva contra las autoridades locales y departamentales. La imagen más brutal fue la de la alcaldesa de La Paz pero hubo muchos otros casos similares.

El acuartelamiento de las policías generó un estado de caos que, ante la ausencia de la seguridad permitieron que hordas de radicalizados avanzaran sobre dirigentes del Movimiento Al Socialismo mediante escraches, ataques y amenazas con una violencia sin límites. 

Las protestas se potenciaron y la ola de renuncias bajo extorsión de los ministros, alcaldes, prefectos, diputados y senadores le dieron musculatura a la idea de una salida del presidente. 

Los hechos se precipitan el domingo cuando la OEA publica el informe preliminar que encienda la llama que desata el incendio y las Fuerzas Armadas "sugieren" al presidente que abandone el cargo. Sin seguridad y con el país envuelto en la violencia de los golpistas, Morales y Alvaro García Linera abandonaron el país. Primero paso, cumplido. 

Vacío institucional, persecución e ilegalidad 

La salida del Jefe de Estado abrió la puerta del segundo paso para el golpe. La represión de las Fuerzas Armadas y la policía ante el vacío institucional hicieron que estas se autogobiernen y, entre otras decisiones, se atribuyeran la orden ejecutiva de declarar el estado de sitio o conformar un operativo conjunto para sofocar las protestas. 

La autoproclamación de Jeanine Áñez careció de toda legalidad, ya que, para iniciar una sucesión y designar autoridades se necesita la aprobación de la Asamblea Plurinacional. No obstante, Áñez fue funcional para montar con un "marco legal" que sustente el ejercicio del poder real en manos de los militares. 

De esta manera, a la combinación de represión e ilegalidad se le sumó otro punto clave para el escenario de la nueva Bolivia antidemocrática: la persecución. En ese contexto nos encontramos, en el cual, no importa bajo que cargos, los principales dirigentes del partido de Evo Morales serán judicializados y encarcelados.

Para tal fin se utilizan acusaciones como "instigación a la violencia", "fraude" y se construye un enemigo externo que va desde la idea de grupos narcos, subversivos o directamente enviados de las FARC y venezolanos al mando de Nicolás Maduro. Un ensayo general para legitimar a un gobierno de facto y dar luz verde a la represión. Bajo estas condiciones es que el saldo de la cacería de las fuerzas de seguridad es, según la Defensoría del Pueblo, de 25 muertos en una semana. 

Lo que viene: "Elecciones libres"

El tercer paso para institucionalizar el golpe está por producirse. La presidente de facto hizo circular un decreto en el cual menciona una convocatoria a elecciones ignorando que la única capaz de hacerlo es el poder legislativo que tiene mayoría masista que tendrá que votar a los vocales del Tribunal Electoral. 

En ese decreto supremo no hay información en torno a la fecha ni las condiciones de transparencia en la que se realizarían los comicios, solo aclara que ni Evo Morales ni Alvaro García Linera podrá presentarse.

A su vez, los ministros designados por Áñez armados una lista de prisiones preventivas contra los principales dirigentes del MAS con el objetivo de ilegalizar y perseguir al principal partido político de Bolivia con una estrategia utilizada por Lenin Moreno en Ecuador: judicializar a Evo y todas sus segundas líneas, correr al MAS del sistema político y negociar directamente con los sectores movilizados que no responden organizadamente al partido de Evo pero piden su retorno.  

Aquí se presenta un dilema para los golpistas: si optan por seguir los pasos constitucionales de una transición tienen que delegar las decisiones en un poder legislativo en el que están en minoría. De lo contrario, reforzarán el perfil autoritario que vienen ostentando y tomarán decisiones por fuera del orden legal vigente. 

El accionar de Áñez en estos siete días de "presidenta" nos permiten pensar que la segunda opción es la que sienta más cómodo al régimen vigente que decidió no respetar la Constitución y avanzar en feroz ofensiva contra quienes deciden resistir la dictadura que se están instalando con una nueva legalidad. 

Será determinante el rol de Estados Unidos y la OEA en el aval a un proceso que tiene menos garantías que las que denunciaron en la previa del 20 de octubre. Está claro que a esta altura del partido son muy pocos los interesados en la democracia y la transparencia y que lo que se pondrá en juego será la correlación de fuerzas desfavorables a quienes pretenden recuperar la vida democrática perdida. 

A tal punto están distorsionadas las instituciones bolivianas que el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, anunció que "el mandato" de los cruceros es que las elecciones generales se realicen el 19 de enero. Que la voluntad de Camacho se ponga por delante de la Constitución es otro de los ejemplos de que estamos en presencia de un golpe de Estado.

El dilema del MAS

El Movimiento al Socialismo también se debate las lineas a seguir. Por un lado, en el afán de pacificar el país y evitar más muertes, la estrategia se recostó por la institucionalidad que implicar contar con las presidencias de ambas cámaras y la mayoría propia y trabajar para que de manera gradual los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones indígenas se desmovilicen. 

El problema es que la decisión del gobierno de facto es diametralmente diferente cuando decide eximir de penas y aumentar partidas de recursos a las Fuerzas Armadas para que sigan matando. 

Evo Morales desde el exterior y la dirigencia que ocupan diferentes cargos no son suficiente como para disciplinar la voluntad de muchos sectores sociales de marchar y manifestarse en las calles. 

Por eso, y con el riesgo que esto implica, ante un régimen que parecen estar convencido en profundizar su perfil antidemocrático sin reparos y que prepara un paquete de privatizaciones de empresas públicas como si no fuera un gobierno de transición,  el escenario de disputa capaz de inclinar la balanza para los sectores mayoritarios de la población es la calle. Una cancha que, si no se produce una interna fuerte en ala militar, seguirá inclinada por un tiempo dolorosamente largo.