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Fernández garello

26 de Septiembre de 2019 18:35

Se dilata el comienzo del juicio político contra el fiscal general de Mar del Plata

Finalmente, este jueves no se logró quórum y se suspendió la sesión del jurado que tenía que definir el inicio del jury contra el funcionario acusado de delitos de lesa humanidad.

Pese a lo que estaba previsto, finalmente en este jueves no se lograron obtener definiciones ni novedades sobre el inicio del juicio político que se impulsa contra el fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, a quien se le imputa la presunta participación en tres crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura.

Por ausencia de legisladores y, en consecuencia, la falta de quórum correspondiente, se decidió proceder con la suspensión de la sesión en la cual el jurado debía definir el inicio del jury contra la principal figura que tiene la Fiscalía General Local.

Denunciamos y repudiamos el encubrimiento de uno de los responsables de la desaparición y asesinato de muchos compañeros durante la última dictadura cívico-militar-eclesiástica", manifestaron en las últimas horas desde la CTA-A tras conocerse esta decisión. 

Diferentes organizaciones como la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) y la comisión Ana María Martínez se habían movilizado hasta La Plata para sumar su repudio contra Fernández Garello y exigir su apartamiento del cargo mientras persista su procesamiento en la causa.

La jueza federal de San Martín, Alicia Vence, había dictado a mediados de abril la medida contra el funcionario judicial, sin contemplar la prisión preventiva, y le trabó un embargo de 300 mil pesos.

La magistrada justificó su postura al sostener que Fernández Garello fue “partícipe necesario penalmente responsable de la comisión de los delitos de privación ilegal de la libertad comedida por un funcionario público, imposición de tormentos inflingidos por un funcionario público, agravado por tratarse de perseguidos políticos”.

Las acusaciones sobre el fiscal general de Mar del Plata surgen a partir de una denuncia presentada por la Comisión por la Memoria junto al Serpaj, el Cels, Abuelas de Plaza de Mayo, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Asociación Judicial Bonaerense y la Federación Judicial Argentina, en 2016.

En concreto, los organismos de DDHH sacaron a la luz su posible rol dentro de la estructura represiva del terrorismo de estado, cuando se desempeñaba como oficial de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en la delegación de San Martín.